Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Foto: EP
Los sindicatos de Justicia en Andalucía niegan falta de control horario y acusan al TSJA de lanzar un “bulo intencionado”
Aseguran que «quienes de verdad no están sometidos a ningún control horario son precisamente los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia».
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12/5/2025 16:29
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Actualizado: 12/5/2025 16:34
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Los sindicatos CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT han rechazado con contundencia las afirmaciones contenidas en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presentada recientemente por su presidente, Lorenzo del Río, en las que se alude a un supuesto “casi inexistente control horario” de los funcionarios de Justicia.
Así lo expresan en un comunicado conjunto remitido por USO, califican estas declaraciones como un “bulo intencionado” y exigen una rectificación inmediata.
Según los representantes sindicales, la afirmación de que la falta de control horario “desespera a los jueces andaluces” es rotundamente falsa. “Quienes de verdad no están sometidos a ningún control horario son precisamente los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia”, aseguran.
En el informe del TSJA se señalaba que el sistema de control de presencia del personal funcionario es “más aparente que real” y que su supervisión externa “es casi inexistente o ineficaz”. Los sindicatos consideran que estas afirmaciones perpetúan “una narrativa injusta y perjudicial” hacia un colectivo esencial para el funcionamiento diario de los órganos judiciales.
“No es la primera vez que el TSJA recurre a este tipo de acusaciones infundadas”, advierten, y lamentan lo que consideran una actitud “recurrente de desprecio” hacia los funcionarios por parte del presidente del alto tribunal andaluz. “Andalucía soporta la mayor carga de litigiosidad del país y los funcionarios son los que hacen que los juzgados funcionen cada día. Demonizarlos es injusto y erróneo”.
Los sindicatos también arremeten contra lo que consideran una visión elitista y desfasada del poder judicial. “Queremos pensar que no se trata de un intento de regresar a los tiempos en que algunos jueces pedían al funcionario que les bajara a por café y tabaco”, ironizan, en referencia a actitudes jerárquicas ya superadas en la Justicia.
Se registran a través del sistema Hermes
En cuanto al control horario, recuerdan que desde 2004 los cerca de 9.000 funcionarios de Justicia en Andalucía registran su jornada a través del sistema informático Hermes, implantado por la Junta de Andalucía.
Además, están sujetos a inspecciones periódicas de las Delegaciones Territoriales y a posibles sanciones disciplinarias en caso de incumplimientos, que pueden llegar incluso a la separación del servicio.
“La ausencia de control horario no está entre los funcionarios”, insisten. “Está entre quienes nadie ha querido ni se ha atrevido a controlar: jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia”.
Por ello, instan al presidente del TSJA a que “predique con el ejemplo” e implemente un sistema de control horario también para los miembros de la carrera judicial, “que garantice su presencia efectiva en los juzgados más allá de la celebración de vistas” y que, como mínimo, asegure el cumplimiento del horario de audiencia de 9 a 14 horas.
Asimismo, critican prácticas que consideran obsoletas, como la necesidad de imprimir los expedientes judiciales en papel en plena era digital. “Estas exigencias ralentizan el trabajo, desesperan a los funcionarios y contradicen la política de expediente digital”, denuncian.
En cuanto a la cobertura de vacantes con personal interino, reprochan al TSJA que haya descrito este refuerzo como formado por personas sin formación informática ni conocimiento de la dinámica judicial. “Las bolsas de interinos en Andalucía están compuestas por personal con experiencia o que ha superado procesos selectivos sin plaza”, matizan.
“Lo que aparece en la Memoria del TSJA no es solo falso, sino que pretende desacreditar públicamente a un colectivo imprescindible para el sistema judicial”, concluyen los sindicatos, que advierten de que no tolerarán más “ataques injustificados” ni “campañas de desprestigio” contra los funcionarios de Justicia.
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