Las tres asociaciones de fiscales -la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- han mostrado su absoluto rechazo y preocupación ante el acuerdo entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente donde se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales.
Desde UPF han querido dejar constancia que tienen una confianza absoluta en el Poder Judicial al ser «neutral, independiente y, además, garante de la democracia española».
Por ello, han mostrado su rechazo al respecto de las referencias al ‘lawfare’ o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts. «Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes».
«Los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley»
A lo que han añadido que tanto los jueces como los tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y que sus resoluciones sólo deben ser revisadas por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos «sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado».
Para AF esta medida es «un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho».
Han calificado de «inadmisible» la utilización del término guerra judicial –lawfare– utilizado en el acuerdo «al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente».
APIF ha calificado el acuerdo entre PSOE y Junts de «muy grave» y creen que en sí mismo lleva implícito un cambio de modelo constitucional, lo que consideran que es «un golpe de gracia al sistema constitucional español que extrae consecuencias».
La primera, la amnistía. «Va a suponer la exculpación de todas aquellas personas que delinquieron conforme al sistema ahora vigente y que se considera ya superado, por no considerarlo de acuerdo con sus aspiraciones, y que ahora, van a ver como esos delitos cometidos quedan borrados, lo cual es una consecuencia lógica de una concepción de cambio, de régimen como el que parece que nos quiere llevar el PSOE y Junts».
Por otro lado, han resaltado la cláusula que habla sobre las comisiones de investigación les «preocupa mucho en tanto que lesiva del Estado de Derecho».
«Hacer comisiones de investigación para investigar a las personas que hayan podido llevar esos procesos contra el independentismo catalán con ocasión de los hechos del año 2014/2017 nos parece que es consecuente con la idea de que había una ilegitimidad por parte del estado al perseguir esos delitos».
«Pero es que el Poder Judicial actuó como tenía que actuar y los fiscales actuaron como tenían que actuar». Sobre este punto han querido hacer una reflexión de que «si la Justicia en España está politizada, y lo está en su cúpula, es por culpa, entre otros, del PSOE y Junts, que no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma a la hora de elegir al Fiscal General del Estado o la designación de los vocales del CGPJ, de manera que la politización existe».
«Extraer de ello la consecuencia de que hay una ilegitimidad de las condenas que recaen en relación con el procés es un exceso y además una hipocresíaa que consideramos que no debe aceptarse».
