La ley de amnistía incluye una cláusula para esquivar al Tribunal Supremo (TS), cuya Sala de lo Penal dictó la sentencia del caso ‘procés’ y mantiene activas las órdenes de detención europeas e internacionales contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados de la Justicia.
El capítulo de efectos de la ley señala que cuando entre en vigor «quedan sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”.
Asimismo, indica que la entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía.
Añade que en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones.
Esta cláusula evitaría la cuestión de inconstitucionalidad que previsiblemente planteará el Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno se ha pronunciado hoy subrayando que el Estado de Derecho «exige el absoluto respeto a la división de poderes».
Las cuestiones de inconstitucionalidad suponen la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.
Producida ésta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el tribunal de garantías resuelva definitivamente sobre la cuestión.
