Consideran que supone en su opinión, "una descalificación del Estado de derecho".
La Unión Internacional de Magistrados señala que el acuerdo de investidura vulnera la independencia judicial
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15/11/2023 09:48
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Actualizado: 15/11/2023 09:49
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La Unión Internacional de Magistrados (UIM) ha rechazado el acuerdo de investidura del PSOE con los partidos independentistas catalanes, que incluye una ley de amnistía, argumentando que «de materializarse» implicaría «la vulneración de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes», lo que supone en su opinión, «una descalificación del Estado de derecho».
En un comunicado, la organización internacional ha señalado los «perniciosos efectos» de «determinados puntos del acuerdo» para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y ha mostrado «todo su apoyo» a los integrantes del Poder Judicial en España.
En concreto, la UIM se refiere al concepto ‘lawfare’ que recoge el pacto del PSOE con Junts y «la publicación por determinados medios de nombres de jueces y magistrados a los que se les puede atribuir estas actuaciones».
Asimismo, ha recordado que la Constitución española establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Además, ha reiterado que también declara que los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, se encuentran «sometidos únicamente al imperio de la ley».
Por otra parte, la UIM ha citado el articulo 7-2 del Estatuto Universal del Juez, que recoge que «la acción civil, en los países donde esto es permisible, y la acción criminal, incluyendo la detención contra un juez, sólo debe ser permitida bajo circunstancias que aseguren que su independencia no puede ser influenciada».
La UIM es una organización internacional profesional y apolítica, fundada en 1953, que reúne asociaciones nacionales de jueces y juezas de 92 países y cuyo principal objetivo es «salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, así se declara en el preámbulo de la Recomendación 2010/12 del Consejo de Europa».
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