La colaboración público-privada en la averiguación de los hechos delictivos va a ser una de las claves del Derecho Penal del futuro. Un tema que centró el análisis que, ayer miércoles, reunió al Círculo Legal, Winterman, y Madrid Foro Empresarial, en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid.
Una temática que se ha centrado en la «batalla por las investigaciones internas» dentro de las empresas. Un aparente enfrentamiento por el liderazgo entre estas investigaciones que «enfrenta» a detectives frente a abogados.
Y, ante todo, un debate sobre la delimitación de responsabilidades y actuaciones de los profesionales que intervienen en este tipo de investigaciones.
Un debate abierto en el que Alejandro Luzón Cánovas, fiscal jefe Anticorrupción, no dudó en señalar que la unión puede ser la clave del éxito.
«Pueden actuar de forma conjunta. Algo que sería idóneo, marcando el abogado las pautas de actuación al detective», descató el fiscal jefe aAnticorrupción. Una cooperación que, sin embargo, aún tiene un gran problema de regulación. Algo en lo que parecen coincidir gran parte de los intervinientes.
Falta un panorama legislativo claro que no debe desanimar a las empresas en esta labor, según Luzón, que no dudó en animar a las empresas a realizar estas investigaciones y ponerlas en conocimiento de la Justicia.
«Animo a las empresas a que denuncien los hechos constituyentes de delito que detecten», afirmó.
Y defendió que si una empresa es capaz de llegar a esta denuncia, es porque cuenta con un gran sistema detrás, y un fuerte compromiso interno.
Un compromiso que es reconocido por la Fiscalía, a pesar de las críticas. «Se critica que la Fiscalía se inventa un motivo de exención de la responsabilidad de la empresa. Sin embargo, es una lógica consecuencia de la autodenuncia», justificó Luzón.
Empresas y abogados se unen a Alejandro Luzón para encontrar la unión
Una idea que fue compartida por los ponentes. Y es que una unión entre detectives y abogados puede ser la clave para una inmejorable tutela de las investigaciones internas.
«El abogado actúa como el corpus de buenas prácticas en los momentos de tensión que, lógicamente, se producen por estas investigaciones internas», aseguró Enrique Vilamajó, CEO de Winterman.
Una idea en la que coincidió Felipe García, abogado y socio de Círculo Legal. «Las investigaciones tienen que ser lideradas por abogados especializados en derecho penal, sin perjuicio de que internamente haya otros expertos» ha asegurado.
Por su parte, Diego Cabezuela, abogado y socio director de Círculo Legal, ha insistido en que hay una gran colaboración, también con la Fiscalía. Eso sí, poniendo en relieve el «panorama legislativo contradictorio» español.
«Falta regulación explícita sobre el quién es el responsable. Aquí no hay unos u otros. Siempre las investigaciones han ido de la mano de los abogados, pero con la necesidad de experiencia, aunque con muchas limitaciones, de los detectives», destacó Ignacio López, responsable del área de investigación de Winterman. «La ley de 2014 ha quedado obsoleta» ha afirmado, en relación al papel de los detectives.
Un papel que, para Joaquín González, jefe del departamento de inteligencia del Grupo FCC, se solapa en muchas ocasiones con el de los abogados. «No existen fronteras […] Hay momentos en los que es importante contar con un detective, y otros, con personal interno», destacó.
Palabras que apoyaron, desde varias empresas y sectores, las afirmaciones de Alejandro Luzón. Opiniones que, sin duda, marcarán el futuro del Derecho Penal. En concreto, a través de las investigaciones internas de las personas jurídicas. Una colaboración entre detectives, abogados y Fiscalía que, sin duda, buscará garantizar la seguridad de empresas y empleados.
Alerta ante la «tentación» a responsabilizar a los empleados
En este encuentro los empleados también han estado muy presentes. Y es que Estefanía Encinas, responsable de auditorías de riesgos y procesos de CEPSA, recordó que «las personas están en el centro de todo».
«Las grandes empresas ponen el foco en la protección de los trabajadores» ha asegurado Felipe García. «En el mercado medio, los protocolos deben ser más agresivos y no tan transparentes», destacó.
Una cuestión en la que también se pronunció Alejandro Luzón. «No olvidemos que hay una tentación muy fuerte de las empresas de trasladar la responsabilidad a la persona física, intentando eludir la propia responsabilidad de la persona jurídica», criticó.
