El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dejado claro hoy ante el Tribunal Supremo que Pedro Sánchez «no era el número uno» de la organización criminal que, a su juicio, formaron el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Lo dijo en el marco de su informe final del juicio por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La aclaración ha venido a responder directamente a Aldama, que en su declaración había afirmado que el presidente del Gobierno era la cabeza de la trama.
Para Luzón, esa atribución se hizo «con notable desahogo» y no se correspondió con lo probado.
Ábalos mandaba, Koldo ejecutaba
En la jerarquía que ha dibujado la Fiscalí Anticorrupción, Ábalos ha sido «denominado jefe» tanto por sus coacusados como por el entorno del empresario. Pero raramente se ensuciaba las manos: «En raras ocasiones descendía al terreno de juego de la ejecución material de los delitos, porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo García», ha dicho Luzón.
El exasesor ministerial aparece en el relato del fiscal como una figura casi omnipresente. «Su palabra era la palabra de Ábalos», ha subrayado Luzón. Si alguien obedecía a Koldo era porque entendía que actuaba siempre en nombre del exministro. El teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que investigó el caso y que depuso durante once horas ante el tribunal, lo describió como «su cadena de transmisión».
Víctor de Aldama ocupó otro rol: el del «corruptor». Fue quien entregó el dinero —pagos periódicos de 10.000 euros mensuales—, quien facilitó un piso para la entonces pareja de Ábalos, quien sufragó una moto para Koldo y quien, según testigos, envió sobres con efectivo al hermano del exasesor en República Dominicana. Todo ello, a cambio de favores cuando fuera posible.
El fiscal ha recordado una precisión del teniente coronel de la Benemérita «Quien paga manda, y quien paga y exige es Aldama».
Sin embargo, ha matizado que Aldama no participó en todos los delitos que se atribuyeron a Ábalos y Koldo, algo que debía tenerse en cuenta al comparar las penas pedidas para cada uno.
La compra de mascarillas: el acuerdo que no debía tocarse
En cuanto al negocio central del caso —la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes—, Luzón ha aclarado que la irregularidad no estuvo en el procedimiento ni en el precio: la emergencia sanitaria justificó ambas cosas.
El problema fue otro: el Ministerio «se cerró a nuevas ofertas» que llegaron de otros proveedores porque «ya había un acuerdo cerrado previo» con Aldama que nadie quiso revisar.
Como prueba de ese pacto previo, el fiscal señaló que la orden de compra se firmó después de que el acuerdo ya estuviera cerrado, y que fue la propia empresa la que decidió cuántas mascarillas se compraron —no la Administración según sus necesidades reales.
En todo ese proceso, Koldo García tuvo «un papel decisivo e improcedente»: ejerció una influencia directa sobre los órganos de contratación que fue muy más allá de sus funciones como simple asesor ministerial.
Patrimonio sin explicación
Para reforzar la acusación, Luzón se ha apoyado también en el análisis patrimonial de Koldo García, donde detectó «una fuente oculta de ingresos».
Su hermano Joseba habría actuado como testaferro —persona que figura como titular de bienes que en realidad son de otro— canalizando parte de ese dinero desde el Caribe.
El fiscal ha señalado además una «palmaria confusión» entre el patrimonio de Koldo y el del propio Ábalos, y dejó caer una pregunta retórica: «¿De dónde saca para tanto? Es una pregunta que deberían haberse hecho las entidades bancarias».
Luzón ha defendido las altas penas de cárcel que pide para José Luis Ábalos –24 años– y Koldo García –19 años– al considerar que los hechos investigados son especialmente graves. Los delitos por los que han sido juzgados son los de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
“La corrupción política carcome nuestro sistema democrático»
Según ha señalado, el caso refleja una “corrupción organizada y continuada” que no solo perjudica la libre competencia y el funcionamiento de la Administración, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
“La corrupción política carcome nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla”, ha afirmado.
El fiscal jefe anticorrupción ha destacado que esta supuesta corrupción, surgida desde un Ministerio, daña el Estado de Derecho —el principio según el cual todos deben actuar conforme a la ley— y ha criticado a quienes restan importancia a estas prácticas o atacan a quienes las investigan. En su opinión, la corrupción política debilita la democracia y solo una respuesta firme puede frenarla.
La colaboración prestada por Víctor de Aldama, autoincriminándose y sosteniendo todo los declarado durante la instrucción, ha sido calificada por Luzón como «decisiva».
«La prueba es tan abundante», ha señalado, «que su declaración no es decisiva, pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación».
En consecuencia, ha considerado que es de lógica apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada, como ha hecho la acusación popular, si bien ha mantenido los 7 años de cárcel que pidió al comienzo del juicio.
La aplicación de la dicha atenuante muy cualificada supondría que Aldama no entraría en prisión, al no superar la sentencia los dos años de cárcel.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ordenó a Luzón que no modificara a la baja la petición de pena en línea con las acusaciones populares que capitanea el PP.
La colaboración requiere un premio
José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado de Víctor de Aldama, sostuvo, durante su intervención, que la decisión de su cliente de empezar a colaborar con la justicia, cuando aún se encontraba en prisión provisional en noviembre de 2024, debería tener una contrapartida penal.
“La colaboración requiere un premio”, afirmó durante su intervención, en la que presentó aquel movimiento como un paso de enorme coste personal y procesal.
El letrado describió la maniobra de Aldama como una suerte de rendición anticipada ante la acusación.
Según explicó, colaborar en una fase tan temprana de la instrucción implica, en la práctica, “renunciar a la propia defensa” y asumir una autoincriminación cuando todavía ni siquiera se ha librado la batalla judicial de fondo.
“Es una entrega a los brazos de la acusación”, resumió, subrayando que no se trató de una decisión menor ni estratégica en términos inmediatos.
La defensa también trató de desmontar la idea de que existiera un acuerdo cerrado con la Fiscalía. Negó que Aldama hubiera suscrito un pacto de conformidad —la fórmula jurídica mediante la cual un acusado reconoce los hechos a cambio de una rebaja de condena— y precisó que nunca llegó a formalizarse por escrito.
“Podría haberse hecho”, admitió el abogado, deslizando incluso que esa vía habría ofrecido mayores certezas para todas las partes.
Según sostuvo, un acuerdo de ese tipo habría garantizado de antemano la pena solicitada y habría blindado el procedimiento frente a “influencias externas”, en una causa marcada desde el inicio por una intensa exposición política y mediática.
