Tres hombres. Un ministerio. Millones en contratos.
Este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo vive la jornada más tensa del juicio por el caso Koldo. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE –número 3–. Koldo García, su asesor de cabecera. Y Víctor de Aldama, el empresario que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue el engranaje que todo lo movía.
Los tres acusados declaran hoy. Por primera vez, en público, ante el tribunal que decidirá su suerte.
El orden no es casual. Declara primero Aldama. Después, Koldo. Al final, el exministro.
Sus abogados lo negociaron así. La defensa de Koldo fue la primera en pedir que su cliente hablara después de Aldama; la de Ábalos, que el exministro cerrara la ronda. El tribunal accedió.
En los juicios, el orden importa. Siempre.
Fuentes jurídicas advierten de que los interrogatorios podrían prolongarse más allá de este miércoles. Si el tiempo no alcanza —y raramente alcanza en causas de esta complejidad— el juicio se extendería hasta la semana siguiente. Hasta el 4 de mayo, como muy tarde.
«El jefe», el «alter ego» y el conseguidor
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, lleva meses construyendo un relato preciso, casi quirúrgico.
Su tesis es la siguiente: Ábalos, Koldo y Aldama no actuaron por separado ni de manera espontánea. Se organizaron. Pactaron. Se distribuyeron los papeles con una eficacia que el fiscal jefe, Alejandro Luzón, califica, sin ambages, de criminal.
Ábalos era «el jefe». Así lo consideraban, según el escrito de acusación, los otros dos. Aportaba lo que solo él podía aportar: la autoridad del cargo, la firma que abría puertas, la influencia directa sobre un ministerio que gestionaba contratos millonarios.
Koldo García hacía el resto. Mucho más que un asesor, apunta Luzón. «Más en asistente que en asesor», escribe.
El hombre que resolvía lo que hubiera que resolver —»tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas»— antes, durante y después de los tres años en que Ábalos ocupó el ministerio.
El fiscal va más lejos: lo define como el «alter ego» del exministro. En los pasillos de Transportes, nadie preguntaba. Koldo hablaba y se entendía que hablaba Ábalos.
Y luego estaba Aldama. Empresario con tentáculos en el sector inmobiliario, la hostelería y los hidrocarburos. Hombre de acceso privilegiado al ministro.
El encargado de localizar empresas, confeccionar ofertas, articular intereses privados ante la Administración. Siempre, señala la Fiscalía, a cambio de dinero. Y ese dinero, sostiene Luzón, llegaba también a Ábalos y a Koldo.
Pandemia, mascarillas y contratos a medida
El detonante visible del caso fue la pandemia. España, en los primeros meses de 2020, necesitaba material sanitario con urgencia. Mascarillas, sobre todo.
Aldama, según el fiscal, supo antes que nadie lo que el Ministerio de Transportes iba a necesitar comprar.
Encontró la empresa adecuada. Confeccionó la oferta. Y los contratos llegaron: primero en Transportes y sus organismos dependientes, luego en las administraciones de Canarias y Baleares.
No era filantropía. Era negocio. Y la Fiscalía sostiene que el beneficio se repartía.
Las contraprestaciones que habría recibido la cúpula de la presunta organización son, según el escrito de Luzón, de una prosaica contundencia: pagos en efectivo de 10.000 euros mensuales, alquiler de viviendas para los acusados o sus parejas, empleos en empresas públicas para personas de su entorno. La arquitectura clásica de la corrupción institucional.
Las penas que piden las acusaciones
El fiscal jefe pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. Los delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Además, una multa de 3,8 millones de euros para cada uno.
Para Aldama, Luzón solicita 7 años de prisión y 3,7 millones de multa. La diferencia se explica por una sola circunstancia: el empresario reconoció su culpabilidad en su escrito de defensa para los tres primeros delitos, lo que le ha valido la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares —encabezadas por el PP— van más lejos. Treinta años de cárcel para Ábalos y para Koldo. Para Aldama, la misma petición que el fiscal.
Una organización «con vocación de permanencia»
Hay un detalle en el escrito de Luzón que merece atención. La Fiscalía no describe este caso como una serie de actos aislados de corrupción. Lo define como una organización criminal que nació con «innegable vocación de permanencia en el tiempo».
Que «estuvo operando durante varios años». Que solo empezó a desmoronarse cuando Ábalos y Koldo abandonaron el Ministerio de Transportes, en julio de 2021.
La estructura, según el fiscal, no se sostenía solo sobre los tres acusados. Era más amplia.
Contaba, de manera «puntual o continua», con el apoyo de otras autoridades y funcionarios del ministerio, de personas del entorno empresarial de Aldama y de familiares de Koldo.
Hoy, ese entramado comparece ante el tribunal. Primero habla Aldama. Después, Koldo. Al final, el exministro.
