salvador gonzález
Salvador González ha apostado, desde la Abogacía de Málaga, por seguir el mismo camino de Barcelona y Madrid, creando un Instituto de Investigación y Desarrollo para incidir e influir en las apuestas legales que el Legislativo quiere impulsar. Foto: Confilegal.

La Abogacía de Málaga crea el Instituto I+D, en conexión íntima con los de Barcelona y Madrid y con Orduña al frente

11 / 12 / 2023 06:31

Actualizado el 15 / 02 / 2024 15:38

Nunca antes la abogacía española va a tener una capacidad de tiro legal y de influencia como la que se está gestando por la colaboración entre tres de los colegios de abogados más importantes de nuestro país: Barcelona, Madrid y ahora Málaga.

Todo a través de un instrumento común: I+Dret, en el caso del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), I+D ICAM, en el de la Abogacía de Madrid y ahora el I+D Abogacía de Málaga (el nombre todavía no ha sido definido).

Al frente de los tres una misma persona: Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, una de las personalidades más innovadoras del momento en el campo del derecho civil.

«Su creación fue acordada por la Junta de Gobierno. Lo que buscamos es crear un órgano que aporte soluciones legales –y legislativas– a la sociedad desde un punto de vista práctico», explica el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González.

«Desde Málaga nos interesa mucho el frente social y económico, en especial en las áreas de tecnología y turismo, y para eso contamos con las secciones del colegio, que son muy activas porque están al día de los problemas que emergen en la sociedad».

EL INSTITUTO I+D DE LA ABOGACÍA DE MÁLAGA VIENE A UNIRSE A LOS DE BARCELONA Y MADRID

Para el decano González, la presencia de Javier Orduña al frente de los tres Institutos, coordinando sus líneas de investigación, dota de un valor añadido al nuevo instituto que comenzará a funcionar en enero en Málaga.

«Javier Orduña es una persona dinámica, inquieta, con una capacidad probada de abrir las mentes a nuevos enfoques y proyectos«, subraya el decano malagueño.

El pasado año el I+ Dret del ICAB y el I+ D ICAM presentaron una batería de 12 propuestas legales elaboradas ambos para introducir modificaciones necesarias en la las legislaciones con el fin de actualizarlas y adaptarlas a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El I+ D Abogacía de Málaga viene a sumar en esa dirección.

«La modernización de nuestro ordenamiento jurídico conforme a los principios y directrices que marca el Derecho europeo es vital, especialmente, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», declara Orduña a Confilegal.

«Barcelona, Madrid y Málaga presentan, en su conjunto, una potencialidad considerable a los efectos de incidir e inspirar nuestra realidad normativa, aprovechando las estructuras internas de los propios colegios y el trabajo constante de sus Secciones», precisa el catedrático valenciano.

Y aclara: «Los tres Institutos no funcionarán como compartimientos estancos sino que estarán comunicados constantemente. Cada uno, eso sí, con sus propias líneas de investigación diferenciadas«.

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Francisco Javier Orduña, catedrático y exmagistrado del Supremo, capitanea los Institutos de Investigación de Barcelona y Madrid y ahora lo hará con el de Málaga. Foto: Confilegal.

EL OBJETIVO PRINCIPAL

La colaboración de estos tres institutos materializa un objetivo largamente perseguido por la abogacía: convertirse en un centro de análisis y de generación de nuevas propuestas legales para ofrecer al Legislativo, además de convertirse en un referente para diputados y senadores en todos aquellos aspectos en los que puedan aportar claridad y novedades.

«Los profesionales de la Abogacía, en general, son los primeros que detectan los problemas y deficiencias que pueden presentar las normas. Del mismo modo, que suelen ser los primeros en atisbar posibles mejoras o soluciones», señala Orduña.

Y subraya un hecho muy común: «Tenemos leyes que son claramente obsolescentes, jurídicamente hablando, a las que no se les da ningún tipo de respuesta. Lo que contribuye a crear mayores niveles de inseguridad jurídica, de litigiosidad y de coste para la ciudadanía y para las pequeñas empresas, de una forma especial. Sobre esto queremos incidir también», concluye.

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