La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) critica duramente la orden cursada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la Fiscalía de Barcelona para que le remitan todos los procedimientos penales que pudieran encuadrarse en el proyecto de ley de amnistía presentado por el grupo socialista, por acuerdo con la formación separatista Junts, que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Una orden que califica de «abusiva» y que «acerca» al fiscal general del Estado al Gobierno y «lo distancia» de la figura constitucional del fiscal general del Estado, a pesar de tener cobertura legal en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«Es la primera vez que un Fiscal General del Estado en funciones emite una orden atendiendo a los pactos firmados por Junts y PSOE. No ejercita sus funciones de forma correcta ya que la orden remitida se refiere a una mera proposición de ley orgánica que, en este momento, se encuentra en tramitación parlamentaria. El FGE utiliza, desde nuestro punto de vista, sus facultades de forma abusiva«, afirma la APIF en un comunicado.
De acuerdo con esta Asociación, las órdenes que emita cualquier cargo del Ministerio Fiscal deben estar orientadas hacia la seguridad jurídica, a la que se subordinan tanto la unidad de acción como la dependencia jerárquica.
«Por tanto, si aún no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que establezca la amnistía y que, por tanto, fije cual –o cuáles– son los procedimientos que se van a beneficiar de esta medida de gracia, es precipitado que ningún órgano del Ministerio Fiscal –y mucho menos el Fiscal General del Estado– ordene a otro que le remita la relación de procedimientos penales que pudieran estar encuadrados en el artículo 1.1 de la proposición de Ley Orgánica, ahora en tramitación legislativa», subraya.
Lo que Álvaro García Ortiz debería haber hecho, a juicio de la APIF, era haber encargado a la Inspección Fiscal y a la Secretaría Técnica la elaboración de una instrucción para que, de forma genérica, «se remitieran a la Fiscalía General del Estado todos los procedimientos penales que pudieran verse afectados por la Ley Orgánica de amnistía, ahora en tramitación parlamentaria».
