Es la primera vez en 45 años de estado de derecho democrático en España que se produce esta circunstancia: El órgano de gobierno de los jueces califica negativamente a un candidato a fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno. Candidato que un año atrás había tenido su visto bueno por 12 votos a favor y 7 en contra.
Y es que recientemente han sucedido «cosas» en la casa de enfrente, el Tribunal Supremo, que han cambiado el sentido del voto de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes le han dado, en esta ocasión, un rotundo «suspenso».
La votación no se ha producido siguiendo padrones ideológicos derecha-izquierda, como en otras ocasiones.
Porque entre los 7 que han votado a favor de declarar la idoneidad de Álvaro García Ortiz, el candidato del Gobierno, para seguir ocupando el puesto de fiscal general del Estado, se han encontrado dos miembros del llamado «lado conservador»: Vicente Guilarte, presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Juan Martínez Moya.
El resto, hasta completar 7, han sido Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.
Un octavo vocal, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, se ha abstenido porque su hermano es el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y presidente en funciones de esa Sala, Pablo Murillo de la Cueva.
Éste formó parte del tribunal que, recientemente, tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Supremo. En su sentencia atribuyó a García Ortiz «desviación de poder».
Esto es precisamente lo que ha pesado en los 8 vocales que han votado a favor de rechazar el «informe de idoneidad» de García Ortiz.
Ángeles Carmona, Mario Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Nuria Díaz Abad consideran que un fiscal general del Estado que lleva esta etiqueta de «desviación de poder» que le ha colocado el Supremo no puede seguir ostentando esa responsabilidad.
LA «DESVIACIÓN DE PODER» DE ÁLVARO GARCÍA ORTIZ EN EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO FUE «INNEGABLE», SEGÚN EL SUPREMO
El Alto Tribunal fue muy contundente con García Ortiz. Calificó de «innegable» esa «desviación de poder» al ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado.
«Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», recalcó el Supremo.
Una circunstancia que, con toda seguridad, será elevada al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, «para su conocimiento».
El revés, sin embargo, no paraliza el procedimiento de su nombramiento. La votación que ha tenido lugar hoy en el CGPJ no es vinculante para el Gobierno, que seguirá adelante con su renovación.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes destacó la «impecable» trayectoria de García Ortiz.
A ello se ha unido otra reciente polémica desatada por el acuerdo entre el PSOE y Junts, en el que se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, abriendo la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’.
Los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional».
El fiscal general del Estado se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.
Su respuesta no ha contentado ni a los propios peticionarios ni a muchos de sus compañeros.
18 fiscales del Tribunal Supremo y 22 de Anticorrupción, además de los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal, le han instado a amparar a estos cuatro compañeros.
La Asociación de Fiscales, en su reciente congreso anual, al que asistió García Ortiz, le pidió su dimisión.
