Leo en Confilegal, que Salvador Viada, fiscal de la sección penal de la fiscalía del Tribunal Supremo, carga, al parecer en el curso de una mesa redonda, con gruesas expresiones, contra el Fiscal General del Estado.
Es una conducta recurrente de este funcionario, que, haciendo uso, sin duda, de lo que entiende como su libertad de expresión descalifica a quien representa a una alta Institución del Estado con expresiones, que el medio referido resalta, tales como: “Es muy malo. Malísimo. Es un FGE desastroso”, “Nos encontramos con un hombre de marcada dependencia gubernamental. Con un perfil bajísimo antes de ser Fiscal General”, “No le tenemos, muchos de nosotros, ningún respeto”, al parecer concluyendo con” Este hombre no da la talla para esto”.
Entre estas expresiones poco cariñosas, está otra, a la que el medio hace referencia, atribuible al señor Viada resaltando “su condena en el Tribunal Supremo por desviación de poder” cuando el Fiscal General nunca ha sido condenado, ya que la cuestión a dilucidar era el procedimiento suscitado contra el nombramiento y ascenso de la anterior Fiscal General a la primera categoría de la Carrera, y que no es una condena al Fiscal General sino la resolución de un recurso contra el Real Decreto 807/2022, de 4 de octubre (BOE de 5 de octubre de 2022), que ha sido resuelto en contra de la decisión que contenía el citado Real Decreto. El Fiscal General no ha sido condenado como malintencionadamente se afirma.
Además de la intención de hacer pasar por condenado al Fiscal General, el resto de las expresiones del señor Viada son consideraciones totalmente subjetivas, insultantes y descalificantes que parten de su propia concepción y que pretende hacer universales.
En ellas, en las publicadas, no existe ninguna discrepancia o crítica sobre lo que debe exigírsele al Fiscal General, es decir, criticarle que no cumple con su obligación de defender el interés público o promover ante los Tribunales el interés social.
Tal vez porque para el Sr. Viada, la defensa del interés público y el interés social que el Fiscal ha de postular ante los Tribunales, no le interese lo más mínimo, al menos a estos efectos, y solamente le interese la descalificación, o, tal vez, porque esos conceptos sí le interesen, pero no esté de acuerdo con el modo en que se lleven a cabo por el Fiscal General, pero que no tiene argumentos para poder criticarlos.
Esto produce otro efecto perverso. Estas expresiones, en público salidas de un fiscal del Tribunal Supremo, además de desacreditar a la Institución ante la sociedad, y por lo tanto a la Democracia, crean un mal ambiente en el ámbito de trabajo de los profesionales, contribuyendo a la división y la radicalización de funcionarios públicos, alejándoles de su verdadero y principal cometido que es el servicio público. Algo importante para ser tenido en cuenta por todos.
Se puede afirmar, objetivamente, que nunca los Fiscales Generales han sufrido procesos de deslegitimación en medios publicados, como los sufridos por Dolores Delgado y Álvaro García.
Y también se puede pensar, no queda más remedio, que lo han sido por haber sido designados por gobiernos de coalición progresista, es decir poniendo al Ministerio Fiscal en el medio de la oposición política al gobierno.
Claro que se puede discrepar y tener posiciones distintas en el quehacer del Ministerio Público sobre sus criterios de interés público e interés social, pero es muy grave la descalificación grosera realizada, cómo se hace y cómo se ha hecho en este caso por un funcionario, con un comportamiento que daña de modo desleal el sistema democrático.
