Loa formación separatista catalana Junts ha registrado hoy una iniciativa legislativa en el Congreso que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con un objetivo muy claro: que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato caducado –como ocurre en la actualidad– sean cesados automáticamente y que sus funciones sean asumidas por tres miembros salientes de mayor edad al más joven.
Las razones de aduce Junts, de la que es portavoz la diputada Miriam Nogueras, es que el CGPJ actual «ha desplegado una agenda política propia», poniendo «en duda la actuación de otros poderes del Estado». El objetivo evidente es acabar con lo que consideran un foco de disidencia judicial.
Los tres miembros interinos verían restringidas sus funciones y no podrán proponer nombramientos, pronunciarse ante el nombramiento de un nuevo fiscal general, interponer conflictos de atribuciones entre órganos del Estado o emitir informes sobre leyes o acerca de los expedientes de responsabilidad patrimonial «por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia» ni tampoco preparar «informes sobre los proyectos de leyes y disposicionesgenerales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan».
La proposición de ley registrada es similar a la que ya registró Junts en septiembre de 2022, unos días después de que el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir para obligar a la elección de los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.
La proposición de ley de Junts se ha comunicado el mismo día en el que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha emitido un comunicado en el que califica de «inadmisible» el «señalamiento» efectuado el día anterior en el Congreso por la diputada de Junts Nogueras a varios magistrados del Tribunal Supremo (TS), al tiempo de que ha ratificado que adoptará las medidas necesarias para protegerlos.
En la exposición de motivos, el partido independentista ha criticado la «instrumentalización política» del Poder Judicial y, en concreto, de su órgano de gobierno, que «ha dado lugar a ciertos conflictos que deberían haberse resueltos en el ámbito político».
EL CGPJ NO TIENE «LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA», SEGÚN JUNTS
Así, ha reprochado al CGPJ su falta de «legitimidad democrática» porque «ha desplegado una agenda política propia, poniendo en duda la actuación de otros poderes del Estado».
Según Junts, la norma vigente «permite la continuidad indefinida de los miembros del órgano en funciones» e impide «su renovación de acuerdo con las nuevas mayorías parlamentarias».
Por ello, ha propuesto la reforma del artículo 570 de la Ley del Poder Judicial para el cese automático de los vocales al cumplir los cinco años de mandato caducado. La formación independentista ha planteado que mientras no sean elegidos sus sustitutos, las «funciones estrictamente administrativas y sancionadoras» del Consejo serán ejercidas por tres de los miembros salientes, elegidos de mayor edad al más joven.
