El Pleno del CGPJ aprobó el incremento retributivo el 24 de septiembre de 2025, en un acuerdo que pasó sin ninguna publicidad en el momento de su adopción. La medida incluía un complemento de antigüedad que, en determinados casos, supone más de 800 euros mensuales adicionales para los vocales del Consejo.
No fue hasta esta primavera de 2026, más de seis meses después, cuando la existencia de dicho acuerdo afloró a través del diario Público.
El acuerdo sigue sin figurar en el portal de transparencia del órgano de gobierno de los jueces, subraya la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Y exige al CGPJ que responda.
La denuncia, formulada a través de un comunicado oficial, va directa al núcleo del problema: un organismo constitucional que gestiona el tercer poder del Estado adoptó una decisión de gasto público sobre sus propios emolumentos y la mantuvo fuera del escrutinio ciudadano. No como excepción. Como norma.
«Las políticas de transparencia deben presidir todos los organismos públicos y también obligan al CGPJ», sostiene el Secretariado de JJpD, que subraya que la publicidad de ese acuerdo no era una opción discrecional sino una obligación. La asociación constata que incluso después de que varios medios de comunicación desvelaran la existencia del incremento retributivo, el acuerdo permanece ausente del portal oficial de transparencia del Consejo.
Es un detalle que no pasa inadvertido. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las administraciones —incluidos los órganos constitucionales como el CGPJ en lo que respecta a su actividad administrativa— a publicar de oficio información relevante sobre su gestión económica. La subida de sueldos de los veinte vocales del Pleno encaja, sin demasiado esfuerzo interpretativo, en esa categoría.
Pero el fondo económico no es lo único que incomoda a JJpD. Hay una pregunta que planea sobre todo el asunto: ¿con qué criterio de prioridad se adoptan estas decisiones?
Cuatro meses después de la generalización de los Tribunales de Instancia en toda España —una reforma estructural de enorme calado que reordena la planta judicial y afecta a cientos de órganos en todo el territorio—, el CGPJ todavía no ha reformado los reglamentos que regulan su funcionamiento interno.
Los textos normativos que deben disciplinar materias esenciales para la nueva arquitectura judicial siguen sin actualizarse. Juzgados y tribunales trabajan en un limbo reglamentario que genera incertidumbre operativa y dificulta la reorganización del trabajo.
«La premura y el consenso deben alcanzarse en estas cuestiones esenciales para el servicio público que constituye la administración de justicia, y no en una innecesaria elevación de la remuneración de las vocalías del CGPJ cuya insuficiencia no se ha demostrado», señala el comunicado.
La contundencia del reproche —formulada con la precisión quirúrgica habitual en este tipo de textos institucionales— resume el malestar acumulado en sectores de la carrera judicial ante lo que perciben como una inversión de prioridades difícil de justificar.
Hay un tercer frente. Quizá el más delicado.
El nuevo CGPJ ha impulsado una condecoración para reconocer la labor de los miembros del Consejo saliente. El gesto, presentado desde el Pleno como un acto de deferencia institucional, ha encontrado una respuesta frontal por parte de JJpD. La asociación lo califica de «impropio, inadecuado y erróneo».
El argumento no es ceremonial. Es histórico. Fue precisamente la actitud de aquel Consejo —en funciones durante más de cinco años, entre 2018 y 2024, en la renovación más prolongada y tortuosa desde la restauración democrática— la que, según JJpD, «facilitó el ilegal e irresponsable bloqueo de la renovación del órgano».
Un bloqueo que, en su momento, fue objeto de severas críticas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia y la propia Comisión Europea, que llegó a incluirlo en sus informes sobre el Estado de Derecho en España como ejemplo de deterioro institucional.
Condecorar a quienes protagonizaron ese periodo, sostiene la asociación, no es reconocer trayectorias. Es blanquear un pasado que causó un «perjuicio profundo» en la credibilidad del CGPJ y en la confianza ciudadana en el sistema judicial. «Defender las instituciones es no blanquear el pasado más que sombrío de esos años», concluye el comunicado de JJpD.
