Este aspecto y otros se comentaron el pasado martes en una charla organizada por la empresa de seguros de créditos y caución Solunion. Foto: LinkedIn
Nieves Mendoza, de Solunion: “La última modificación de la Ley Concursal trata de aliviar el colapso de los juzgados”
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13/12/2023 06:31
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Actualizado: 13/12/2023 11:48
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La Ley Concursal ha evolucionado hasta en tres ocasiones. Desde la 22/2003 de 9 de julio, pasando por el Real Decreto 1/2020 de 5 de mayo hasta la actual, la 16/2020 de 26 de septiembre.
Esta última busca cinco aspectos clave: armonizar la legislación para dar estabilidad y seguridad jurídica a los empresarios; conseguir un contexto económico más estable y sólido a través de acuerdos previos a la declaración concursal; una legislación más ágil y eficiente; alivio en los juzgados e intervención judicial mínima.
Aspectos que se comentaron el pasado martes en una charla organizada por la empresa de seguros de créditos y caución Solunion.
Nieves Mendoza, directora de Siniestros y Recobro de Solunion España, hizo hincapié en que esta ley trata de aliviar los juzgados con la figura del experto independiente, que es una persona física, o jurídica, española o extranjera, con conocimientos en el área financiera y experiencia en acuerdos de reestructuración.
«Se encarga de mediar en la negociación entre el deudor y los acreedores y, una vez aprobado, el juez dicta un auto y verifica que se cumplen con las exigencias de la ley para que acreedores disidentes puedan votar en contra del plan de reestructuración. La totalidad de este procedimiento es de cuatro meses, algo que es más rápido que con la antigua norma, que era de 6».
El objetivo de la ley es mantener el tejido empresarial
Por otro lado, Mendoza comentó que el objetivo de la ley es mantener el tejido empresarial, el empleo, y tener un entorno sólido en las empresas, así como dar soluciones a las situaciones de insolvencia de forma más ágil.
Recordó dos tipos de insolvencia. Por un lado, la inminente, que es aquella en la que la empresa detecta que no podrá hacer frente a los pagos en un plazo de tres meses y la de probabilidad, es decir, donde no podrá hacerles frente en los próximos dos años. Pero la ley intenta buscar soluciones.
Por ejemplo, la experta destacó que la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo permite a las empresas pequeñas y medianas hacer un autodiagnóstico a través de cuestionarios.
Asimismo, Mendoza también recordó la existencia de la Ley de Segunda Oportunidad, que permite exonerar la deuda total o parcial de la persona física o autónomo para poder empezar de 0. Pero tiene unos requisitos.
«Tiene que ser insolvente, es decir, que con su patrimonio no pueda hacer frente a todas las deudas; que no haya participado en concursos de terceras empresas que se haya declarado culpable o que haya sido condenado por delito económico contra Hacienda o la Seguridad Social», detalló.
Superando niveles prepandemia
En la charla también participó Vincent Pérez, responsable de Información de Solunion España, que habló sobre el impacto de la ley en empresas.
“La nueva ley tiene su efecto, no cabe duda, aunque su repercusión ha sido aún limitada y el 2023 ha supuesto un año de transición”, aseguró durante su exposición “Nos encontramos en una fase de aprendizaje, tanto para las empresas, como para los juzgados, y de momento, no observamos un uso masivo de la ley. Hay que darle tiempo”.
El experto comentó, respecto a la frecuencia de impagos comerciales, que estaban comenzando a superar los niveles prepandemia.
«Se está volviendo a la normalidad tras tres años de niveles bajos ya que la frecuencia de impagos a nivel nacional a fecha de octubre de 2023 supera el periodo pre covid en un 11%». Una frecuencia que está en continua alzada desde verano de 2021.
Por ejemplo, comparando el octubre de 2023 respecto a agosto de 2021, ha aumentado en un 117%.
Sin embargo, también resaltó que ahora hay más herramientas, más palancas de mediación y negociación y más procedimientos que permiten agilizar la situación. Su previsión para 2024 es que habrá un incremento significativo de los concursos dependiendo de la eficiencia de la nueva ley.
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