La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado. Foto: Eduardo Parra/EP.
Junts acuerda con el Gobierno su abstención en los 3 decretos a cambio de derogar el artículo que, piensan, dificultaba la amnistía
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10/1/2024 19:42
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Actualizado: 11/1/2024 10:54
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La formación separatista Junts ha conseguido que el Gobierno suprimiera el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que venía incluido como reforma en el «decreto omnibus» de Justicia y Función Pública que, finalmente, ha sido aprobado hoy por el Congreso de los Diputados por 172 votos a favor y 171 en contra.
Los independentistas consideran que este nuevo artículo «ponía en peligro la amnistía». Estaba incluido dentro de las reformas de digitalización de la Justicia que era imprescindible aprobar para poder recibir los 10.000 millones de euros del cuarto desembolso de los Fondos Next Generation.
Dicho artículo se centraba en la «cuestión prejudicial europea».
Específicamente, establecía que cuando un magistrado presentara cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los procedimientos judiciales correspondientes debían congelarse hasta que el TJUE emitiera una decisión sobre cómo aplicar el derecho comunitario.
Los de Junts argumentan que la inclusión de este artículo podría retrasar la aplicación de la ley de amnistía, dado que los jueces podrían utilizar la presentación de cuestiones prejudiciales para retrasar los procedimientos relacionados.
Sin embargo, desde el Gobierno se ha argumentado que este artículo simplemente formaliza una práctica ya habitual en los tribunales españoles, en línea con la legislación europea, y no representa un cambio significativo en la aplicación del derecho de la Unión.
El artículo 43 bis establecía la práctica existente de suspender procedimientos judiciales en espera de aclaraciones del TJUE sobre cuestiones de derecho europeo.
UN ARTÍCULO POR SUGERENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA
La inclusión de este artículo de la LEC era una sugerencia de la Comisión Europea para dar carta de naturaleza formal a lo que es la norma generalizada en toda la Unión Europea: que cuando se presenta una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre una norma legislativa, como pudiera ser la que previsiblemente se pueda interponer en el futuro contra la ley de amnistía, esta queda suspendida hasta que se pronuncie el tribunal de Luxemburgo.
La supresión de dicho artículo no cambiará las cosas. Si se produjera esa cuestión prejudicial, la ley en cuestión perderá esa vigencia de todas las maneras hasta la sentencia final del TJUE.
El mencionado decreto «ómnibus» de Justicia y Función Pública, por lo tanto, salió adelante por 172 votos a favor –los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC– y 171 en contra –PP, Vox y UPN–.
Los 10.000 millones de euros están asegurados.
El decreto ley que contenía la reforma del subsidio de desempleo defendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido derogado por el Congreso, por 176 votos en contra –los de PP, Vox, UPN y los 5 votos de Podemos– y 167 a favor –PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC–. Podemos argumentó que no estaban de acuerdo con lo que entienden que es un recorte en la base de cotización de las personas de más de 52 años.
El tercero, el decreto ley anticrisis que recoge las ayudas al transporte y la rebaja de IVA de los alimentos, la luz y el gas se zanjó con un empate a 171 –PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC, por una parte, y PP, Vox y UPN, por otra–. Al parecer el diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, tuvo problemas para confirmar su voto telemático y no quedó registrado,
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció que la repetición de esta votación no se hará por vía telemática sino por llamamiento, con los diputados anunciando su voto uno por uno a viva voz, tal y como reclamaron el PP y Vox.
En la repetición el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación de este decreto por 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones.
En el lado de los síes han estado PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Vox y UPN mientras que Junts se ha abstenido.
En esta situación, el artículo 88 del Reglamento del Congreso dice en su punto primero que se realizará una segunda y, si persistiese aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la presidencia del Congreso.
Pero ya en la segunda votación, que ha sido a viva voz porque así lo han pedido PP y Vox, ya se han emitido los 350 votos, de los cuales 172 eran a favor, 171 en contra y las siete abstenciones de Junts.
MEDIDAS FISCALES DE 2.500 MILLONES
Con este paquete normativo, entre otros muchos puntos, se prorroga el IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites y se modifica este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural, que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energéticas. También se incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.
El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.
De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimento básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.
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