Hasta el 30 de noviembre de 2023 fueron ejecutadas en Irán al menos 707 personas, lo que hace una media de dos personas diarias, según el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI). Entre ella había menores de 18 años.
La última semana de noviembre pasado, las autoridades iraníes ejecutaron a 7 presos que previamente habían sido juzgados por el Tribunal Revolucionario de Teherán bajo cargos que incluyen «propaganda contra el sistema» y «corrupción».
Según Anne Ramberg, copresidenta de IBAHRI, la mayoría de los acusados ante los Tribunales Revolucionarios carecen de representación legal durante sus procedimientos.
«El IBAHRI insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los manifestantes y defensores de los derechos humanos arrestados arbitrariamente, incluidos los abogados, a defender la independencia de la profesión legal, a garantizar el derecho a un juicio justo de todos los acusados e introducir una moratoria inmediata en la pena de muerte con vistas a su abolición», declaró Ramberg.
Desde 2010, al menos 68 personas menores de 18 años han sido ejecutadas en Irán. Entre ellos se encuentran Hamidreza Azari, de 17 años, ejecutado en la prisión de Sabzevar el 24 de noviembre de 2023, después de haber hecho la confesión forzada de un asesinato.
El IBAHRI recuerda que el artículo 6(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) requiere que la pena de muerte se reserve para «los crímenes más graves».
El artículo 6(5) del PIDCP y el artículo 37(a) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, establece que no se deben imponer sentencias de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años.
