El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sanción de 15 días de suspensión de funciones a una funcionaria del cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado adscrita a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Cobró las tasas de un pasaporte y se marchó de su puesto, pero no se lo entregó al ciudadano. Lo recibió casi tres horas después gracias a otro funcionario.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso, Ignacio del Riego (ponente), María Jesús Muriel y Santiago de Andrés han explicado en la sentencia 1262/2023 de 7 de diciembre que la sanción, calificada de grave en el Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado estaba justificada.
Explicaron que con su comportamiento estaba desprestigiando a la institución policial, que es la encargada de expedir los pasaportes, y que el cometido de la cita previa es agilizar los trámites.
Según se explica en la resolución sancionadora, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la funcionaria atendió a un ciudadano que tenía cita a las 12:00 horas para renovar el DNI y el pasaporte, cobrándole por este último documento de identidad 30 euros, pero sin dárselo físicamente.
Hora y media después, sorprendido por la tardanza, el hombre decidió preguntarle al jefe de equipo qué era lo que estaba ocurriendo con su pasaporte, a lo que éste respondió que la funcionaria no había hecho el trámite de expedición y que se había marchado, por lo que tuvo que ser atendido por otra persona.
La mujer regresó a las 14:45 a hacer horas extraordinarias, de modo que le reclamaron los 30 euros que había cobrado y que entregó sin dar explicación alguna.
Falta de desconsideración al ciudadano por la tardanza en el pasaporte
La resolución sancionadora consideró probada la falta desconsideración al ciudadano porque se ausentó de su puesto comunicándole “únicamente al interesado que esperase, sin decirle a su jefe la situación en que quedaba la expedición del pasaporte” para que lo hubiesen podido entregar sin demora.
La funcionaria recurrió la sanción y alegó que no constaba ninguna queja o denuncia por parte del ciudadano perjudicado y que el expediente sancionador se inició por dirigirse a su jefe en términos insultantes y amenazantes. Así como que fue un error informático.
Pero el jefe de equipo declaró que él mismo comprobó que no hizo ninguna gestión para expedir el pasaporte, así como que la secretaria general de la división de documentación corroboró tal versión y manifestó que ese día no había habido ninguna incidencia informática.
Los magistrados explicaron, en primer lugar, que para sancionar por desconsideración con un ciudadano no es necesario que éste presente una queja, sino que basta si la conducta llega por cualquier otra vía al órgano competente.
Un tiempo «totalmente anormal»
Según señalaron en la sentencia, comentada por la letrada Caty Pou, lo que era indiscutible es que “tuvo que esperar más de dos horas para la obtención de su pasaporte sin razón que lo justificase teniendo cita concertada para ello, tiempo totalmente anormal y sin que se pusiera remedio a su situación hasta que solicitó explicaciones”.
Y si el jefe de equipo consideró que esta anómala situación era imputable a la demandante pudo, como cualquier otra persona, poner los hechos en conocimiento de la autoridad correspondiente, para su comprobación y calificación, destacaron.
E incluso “aceptando que hubiese habido fallos informáticos, debió comunicarlo a alguno de sus compañeros cuya jornada no hubiera finalizado para que estuvieran al tanto de la situación y pudieran corregir cualquier incidencia”.
Por lo que los magistrados confirmaron que no había prueba alguna de que al marcharse la funcionaria hiciera mención alguna a la situación en la que se encontraba el pasaporte, de modo que desestimaron su recurso contencioso-administrativo.
