La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha defendido al juez encargado de investigar a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, negando que actúe con «una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía».
Así se han expresado los magistrados de la Sección Tercera en un auto, en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.
Esa sección, encabezada por el presidente en funciones de la propia Sala de lo Penal, el magistrado Alfonso Guevara, destaca que son «absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa» de Alay «sobre una pretendida motivación política» de García Castellón al dictar tres autos distintos el pasado mes de noviembre.
Esta resolución llega el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha expresado un profundo malestar por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de ‘Tsunami’ de tener «cierta querencia» a realizar pronunciamientos judiciales en «momentos políticos sensibles».
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería «prevaricar» y lamentan que se busque aplicar la amnistía de «forma preventiva».
Cabe recordar que Ribera ha realizado estas declaraciones este viernes después de que el jueves el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 emitiera una resolución en la que rechazaba un recurso del Ministerio Fiscal oponiéndose a mandar la causa al Supremo para que se investigue el papel que ha podido tener en los hechos investigados el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de imputados.
Frente a la acusación de Ribera de que el juez tiene querencia a pronunciarse en «un momento particularmente oportuno» y «siempre en una misma dirección», estas fuentes recuerdan que «los tiempos de la política no son los de la Justicia» y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta.
Al hilo, varios de los consultados por estas declaraciones explican que cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado, y que la resolución de García Castellón se produjo en tiempo y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.
En ese auto, el juez insistía en el carácter terrorista de los hechos, en concreto en disturbios supuestamente orquestados por la plataforma independentista en respuesta a la sentencia del ‘procés’.
