"Bolaños me recalcó que jamás, jamás –lo repitió dos veces– ningún gobierno progresista permitirá que los jueces elijan a sus 12 representantes en el CGPJ", cuenta Sergio Oliva, que le dijo el ministro de Justicia a propósito de la renovación del CGPJ. En la imagen posa con el premio a la Combatividad que en 2017 le fue concedido por el jurado de Confilegal a la AJFV, junto a las otras tres asociaciones de jueces. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Sergio Oliva, portavoz AJFV: «Con el ministro Bolaños la carrera judicial jamás elegirá a sus 12 vocales»
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22/1/2024 02:00
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Actualizado: 22/1/2024 10:32
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Desde el pasado mes de noviembre, Sergio Oliva, 41 años, titular del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados de la carrera judicial. 930, en concreto.
Oliva es un hombre claro y directo. Posee un gran impulso personal. Sabe escuchar y posee el poder de la argumentación, basada en el conocimiento de la temática que maneja. Su temática, la de los 5.500 hombres y mujeres que cada día instruyen o administran justicia, todos ellos miembros de una carrera, la judicial, que sufre los avatares de la clase política que, desde hace 5 años y un mes no renueva su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.
Avatares que afectan a su trabajo porque el pueblo, del que emana la justicia y en cuyo nombre es administrada –según la Constitución– no distingue entre ese CGPJ y los jueces mismos. Su propia imparcialidad se ve puesta en tela de juicio. De ahí que Oliva repita que la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.
De ahí que considere que es imperativa la renovación del CGPJ. Algo que, tras la reunión que tuvo, la pasada semana, con el triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ve nada. El PSOE no va a dar su brazo a torcer. Los jueces no pueden, no deben, elegir a sus 12 vocales del CGPJ, como reclama el PP. «No way», que dicen los iniciados en el inglés.
Sobre esto hablamos en la sede de la AJFV, en Madrid. Sobre un futuro lleno de incertidumbres, de «lawfare» y de una proposición de ley de amnistía que tiene al país dividido como nunca antes.
En la carrera judicial hay bastante malestar por los ataques sufridos por determinados jueces desde Junts y por el silencio “cómplice” del Gobierno. ¿ Qué le dijo el ministro Bolaños sobre este tema esta semana [jueves, 18 de enero], cuando se reunió con él?
Me dijo, con la certeza más absoluta, que no albergará ninguna duda de que defenderá a los jueces frente a los ataques de cualquier político.
¿Y sobre el contencioso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Para él, me aseguró, el tema del Consejo es una línea roja. En estos dos años y medio me he reunido con muchísimos políticos y nunca ninguno me lo dijo con tanta claridad.
Me recalcó que jamás, jamás –lo repitió dos veces– ningún gobierno progresista permitirá que los jueces elijan a sus 12 representantes en el CGPJ.
Fue el único momento de tensión que tuvimos, porque el encuentro fue muy cordial. Intenté convencerlo de que era una oportunidad histórica. De que fuesen ellos los que introdujesen el diseño de las futuras elecciones de esos 12 vocales. De forjar un sistema electoral que garantizase la representación y la pluralidad de la carrera judicial en el CGPJ.
Y fui más allá. Le dije que, con certeza, le gustara o no, iba a ocurrir. El sistema se iba a cambiar. ‘Y si ustedes no lo hacen lo harán otros. Tarde o temprano’, subrayé.
Él insistió en que esa forma de elección no está imbricado, constitucionalmente, ni está legitimado. Es el Parlamento, representación de la soberanía popular, el que tiene esa responsabilidad.
Tuve la certeza de que con el ministro Bolaños la carrera judicial jamás elegirá a sus doce vocales por voto secreto y directo.
«Lo que nos interesa, de verdad, es que los nombramientos discrecionales para los cargos judiciales estén perfectamente baremados, que quien vaya a presentarse a una terna sepa cómo y de qué manera se van a cualificar sus méritos. Eso es lo que pedimos»
¿Y qué le contestó usted?
Que no éramos menos democracia que Portugal, Francia o Italia, países donde los vocales de procedencia judicial son elegidos directamente por los jueces.
Yo sabía que me iba a recontestar diciendo que sí, pero que en Francia el Consejo lo preside el presidente de la nación.
Y en Italia también, ¿y?
Y hay una comisión mixta entre el Parlamento y el Consejo para designar a los cargos judiciales. Yo le respondí que le regalaba los cargos judiciales. Nosotros no tenemos ningún interés en esas designaciones. Pero él no me comprendía.
Lo que nos interesa, de verdad, es que los nombramientos discrecionales para los cargos judiciales estén perfectamente baremados, que quien vaya a presentarse a una terna sepa cómo y de qué manera se van a cualificar sus méritos. Eso es lo que pedimos.
El Consejo no tiene por qué hacer los nombramientos. Puede ser un órgano mixto.
Lo que se va a garantizar, con la elección de los 12 vocales jueces por la carrera judicial, es que van a tener un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo en la carrera y van a sentir esa necesidad de proteger a los compañeros porque han sido elegidos por ellos.
Esa sensación de pertenencia, de tener un mandato es fundamental.
Bolaños no lo entendió.
¿Hablaron de la propuesta de Guilarte, el presidente funciones del CGPJ?
No. Me dejó claro que la elección de los 12 vocales por los jueces no va a ocurrir nunca. Y me dejó claro que la culpa de que el CGPJ no haya sido renovado la tiene el Partido Popular porque está incumpliendo la ley.
Hombre, el Partido Popular sí tiene parte de culpa porque en 2011, con una mayoría absoluta de 187 escaños en el Congreso y llevando esta modificación en su programa, que ahora reclama, no hizo nada entonces. Aunque aquella culpa ya queda lejos.
Es cierto. Y también es cierto que el PP está incumpliendo la ley. Pero ustedes también, le contesté. E intenté explicárselo.
El sistema de designación que llevan ustedes haciendo desde hace 25 años está fuera de la cobertura constitucional. Es una designación puramente política que no pasa por el Parlamento. Se va al Parlamento para darle un barniz constitucional.
La realidad es que todo esto se ha negociado previamente en Ferraz [sede del PSOE] o en Génova [sede del PP]. Lo que está provocando que la ciudadanía no tenga una visualización de la independencia de los vocales.
Personalmente considero que los vocales son independientes e imparciales. Los que están en el Consejo y los que han estado en los años anteriores. Pero no es suficiente ser independiente o imparcial.
Tiene que haber una apariencia de independencia e imparcialidad que no se da, precisamente, por el sistema de designación de los vocales.
O sea, no cumple con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la apariencia de imparcialidad era tan importante como la imparcialidad misma.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que dio amparo a esta forma de designación por el Parlamento, ya avisó de que esto podría ocurrir. Avisó contra esto.
El diputado de Euzkadiko Ezquerra, Juan Mari Bandrés, autor de la famosa enmienda a la LOPJ que modificó la forma de elegir a los 12 vocales jueces –en el primer CGPJ de la historia se hizo de la forma que ustedes reivindican ahora– escribió en El País una columna titulada “Yo tuve la culpa”, denunciando que le habían engañado. Que el invento había devenido en un cambio de cromos entre partidos. Precisamente lo que ustedes denuncian.
Es una evidencia.
«Solamente el 20 % de las magistradas del Supremo son mujeres. Se dice que es por la edad. Pero eso es una falacia. El 51 % de los magistrados, en la franja de edad de 51 a 60 años, son mujeres. Los números no cuadran»
Quizá el problema que tiene la clase política es que no comprende lo que es el poder judicial. Piensa que solo es un espejo de ellos mismos, pero con togas.
Esa es la equivocación, desde el punto de vista de partida. Porque el Consejo no es poder judicial. Ellos lo entroncan con los nombramientos discrecionales que después hace el CGPJ.
A los jueces de base les importa un bledo los nombramientos. Es la realidad. Te los regalamos. Queremos otro tipo de garantías en nuestro día a día, pero eso no parecen entenderlo los políticos.
Supongo que el ministro le diría eso de que la carrera judicial elija a sus representantes no es la norma general en Europa.
Sí, me dijo que en Europa no todos los consejos de la judicatura son iguales, que cada uno tiene sus particularidades.
O sea, como conclusión, no existe solución alguna para la renovación del CGPJ.
No, ninguna. Mi sensación es que vamos a seguir con bloqueo completo. Ahora entramos en diferentes procesos electorales. Primero las gallegas, luego pueden ser las vascas, más tarde las europeas. Las cosas son así.
¿Se han planteado ustedes, en la AJFV, alguna alternativa al CGPJ, algún otro órgano diferente que pudiera sustituir al actual, con funciones parecidas pero modificadas?
En la Asamblea, que es donde se toman este tipo de decisiones, nadie ha llevado una propuesta en ese sentido.
Sí hemos hecho trabajos sobre lo que debería ser el Consejo orientado al nombramiento. Más baremado, con criterios objetivos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
A nosotros nos preocupa mucho el llamado techo de cristal, que es una realidad, queramos o no. Solamente el 20 % de las magistradas del Supremo son mujeres. Se dice que es por la edad. Pero eso es una falacia. El 51 % de los magistrados, en la franja de edad de 51 a 60 años, son mujeres. Los números no cuadran. Hay que estudiar por qué hay menos mujeres candidatas a los puestos, por qué se eligen menos mujeres.
Hoy la carrera judicial es eminentemente femenina. Actualmente son ya el 56 %. Y en las últimas promociones superan el 70 %.
¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa del PP de involucrar a la Comisión Europea en la negociación para la renovación del CGPJ?
Es una extravagancia absoluta. Que un país como España pida un tutelaje externo de la Comisión para alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, la idea del PP era implicar al comisario de Justicia, Didier Reynders, en la negociación, que parece que no va poder ser porque se va a presentar de candidato a la secretaría general del Consejo de Eukropa.
Bolaños me dijo que había ido a Europa y que habían entendido lo que él defendía.
¿Y entonces, qué hacemos?
Eso fue lo que le pregunté. Si el PP se niega a renovar el CGPJ porque el PSOE no quiere reformar la LOPJ, ¿acaso la única manera de que el Consejo tenga visos de renovarse es que Junts haga saltar por los aires el Gobierno y vayamos a unas nuevas elecciones?
Lo que está sucediendo, que el CGPJ no pueda hacer nombramientos discrecionales está causando un gran perjuicio a la ciudadanía.
El 30 % de la plantilla del Tribunal Supremo está vacante. El actual presidente en funciones de este Alto Tribunal se jubila este año. Y muchos más.
Un magistrado de la Sala de lo Civil pidió la excedencia recientemente.
Bolaños me dijo que eran muy conscientes del problema de las jubilaciones. Pero es que lo que está ocurriendo en la carrera judicial es muy grave. Se ha pasado de un 31 % de jubilaciones voluntarias en 2022 a un 46 % en 2023.
¿Cómo se explica este aumento terrible de jubilaciones voluntarias?
Solo tiene una explicación. Cada vez hay menos jueces. Los que estamos cada vez tenemos que trabajar más. Muchos compañeros se sienten estancados y decepcionados. A lo que se une el desprestigio social provocado por los poderes “amigos” del Estado: el poder ejecutivo y el poder legislativo.
El ministro dijo que no solo afectaba a la justicia. También a Sanidad y Educación. No me dio ninguna solución.
Olmedo [Manuel, secretario de ETafo de Justicia], que estuvo presente, dijo que solo bajo gobiernos socialistas hay grandes promociones de jueces, se sacan muchas plazas. Con el gobierno del PP, muy poquitas.
«Lo que está ocurriendo en la carrera judicial es muy grave. Se ha pasado de un 31 % de jubilaciones voluntarias en 2022 a un 46 % en 2023»
Supongo que le habló de la salud laboral.
Claro. Le dije que estábamos muy preocupados con el aumento de la carga de trabajo, que estaba fundamentada en dos aspectos. La tasa de litigiosidad ha subido en los últimos 5 años 15 puntos. Este año vamos a estar entre el 143 y el 145 % y que cada vez somos menos jueces.
No se puede sostener que seamos 11,24 por cada 100.000 habitantes frente a la media europea, que es del 17,60. Con independencia de que seamos un 11,24 la realidad es que de aquí a 2023 se va a jubilar el 33 % de la carrera judicial. Esto no es una cosa mágica. Es una certeza.
El problema que tenemos en España es que el servicio de acceso público de la justicia es ineficaz. Existen múltiples sistemas distintos en cada Comunidad Autónoma. Muchos incompatibles entre sí que provocan que las videoconferencias – cosas tan sencillas– fallen.
Él me dijo que había un desarrollo, que el decreto ómnibus iba a ser muy positivo para los jueces. Le dije que me parecía muy bien pero que soluciones mágicas, a día de hoy no existen. Sin inversión eso no es posible. Llamé su atención sobre la necesidad de que los métodos alternativos de conflictos tengan su aplicación.
Sí, eso viene contemplado en el decreto ómnibus.
También le hablé sobre la necesidad de modernización del sistema penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1889. Hay que darle una vuelta a todo.
¿Tienen ustedes interés en que instruyan los fiscales?
Tal y como está la Fiscalía, hoy en día no es aconsejable que lleve a cabo la instrucción de los delitos. Pero no porque no creamos que los compañeros fiscales no sean independientes. Es muy importante ser independencia e imparcial, pero deben tener apariencia de imparcialidad. Y esa apariencia no existe en la actualidad. Porque el sistema es jerárquico y porque son muy pocos. No podrían asumir la totalidad de las instrucciones de este país. No digo que no pueda ocurrir a futuro. Hoy en día no lo veo viable.
Aprovechando que era letrado del Banco de España, llamé su atención para que viera la Administración de Justicia como una inversión. Un producto que puede ser muy jugoso para el Estado.
Tenemos un contacto en común, que es Juan Mora Sanguinetti, que publicó el libro “La factura de la Injusticia”. Me dijo que se lo había leído y que sí, que era verdad que se podía optimizar mucho más la justicia. Él cree que el decreto ómnibus va a favorecer esta circunstancia.
¿Qué más le explicó?
Le conté que en la carrera judicial hay tres tipos de categorías: juez, magistrado y magistrado del Supremo y que los jueces de España son de peor condición que un juez sustituto o que un abogado fiscal.
Y llamé su atención sobre la asistencia que la asociación está dando a todos aquellos jueces que reclaman que, en plaza de magistrado, cobran como juez.
Sí, la Sala de lo Contencioso del Supremo se ha pronunciado sobre ello.
Y no puede ser. En todos los convenios de empresa que yo he visto cuando un profesional hace una función de una categoría superior no asume esa categoría superior, sino que se le paga como tal.
¿Eso es justo lo que no ha dicho el Supremo sino lo contrario?
Así es. Y no puede ser. Si un juez va a una plaza de magistrado debe cobrar como tal.
¿Y qué le propuso?
Cambiar la ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y poner eso que sale en todos los convenios. Pero ahí me cortó Olmedo.
¿Y qué le dijo?
Lo que me ha dicho usted, que ya se ha pronunciado el Supremo. Le dije que estamos estudiando si vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional o, incluso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«Hay circunstancias que hay que encarar ya, que son muy hirientes. Hay juzgados donde el servicio de guardia se cobra a 50 céntimos la hora»
Supongo que le aseguró que se iban a cumplir todos los acuerdos firmados el año pasado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de retribuciones.
Me lo aseguró, sí. Me dijo que se van a desarrollar los grupos de trabajo acordados y que próximamente nos van a convocar. Hay circunstancias que hay que encarar ya, que son muy hirientes. Hay juzgados donde el servicio de guardia se cobra a 50 céntimos la hora.
¿Abordó usted la Ley de Amnistía?
Me preguntó sobre el “lawfare”. No sobre la ley de amnistía. Sobre esta ley le dije que vamos a esperar cuál va a ser la ley definitiva que se aprueba en el Parlamento y que una vez que exista daremos una valoración jurídica. Porque consideramos que va a tener que resolverla el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Supongo que le dejaría claro que ninguno de los miembros de la carrera judicial iría a declarar al Parlamento para hablar sobre casos que estuvieran enjuiciando o que lo hubieran hecho con anterioridad, ¿no?
Lo sabe perfectamente. La única asociación que ha hecho un informe jurídico sobre el tema es la nuestra. Y lo tienen. Si somos citados, no iremos.
¿Está al tanto de que el PP ha enviado la proposición de ley a la Comisión de Venecia para que haga una valoración de su contenido?
Nosotros tenemos más esperanza en Europa, tanto en la Comisión como en el propio Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo.
Desde 2014 ha venido existiendo una unidad de acción entre las 4 asociaciones de jueces. Unidad de acción que se ha visto afectada en el último año. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Continuará?
Estamos trabajando sobre ello. Tengo que decir que la mesa de retribuciones creó unas heridas que todavía no han sanado.
¿Se refiere a la negativa de la APM a firmar el acuerdo con los dos ministerios?
Sí, no han sanado. Estamos trabajando para que cicatricen. Pero todo proceso de curación tiene su tiempo. Tenemos algunas diferencias sobre, por ejemplo, cómo vemos la carrera judicial. Nosotros consideramos que tenemos que tener una carrera profesional. Ellos tienen dudas de cómo llevar a cabo esa carrera profesional.
Tienen miedo a convertirse en funcionarios. Ellos remarcan que son un poder del estado, cosa con lo que estoy completamente de acuerdo. Pero nuestras condiciones laborales tienen que asemejarse a los funcionarios.
Hay algunas más cosas. Como todo, es cuestión de tiempo.
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