El nuevo portavoz nacional de AJFV, Sergio Oliva, es magistrado titular del Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife.
Sergio Oliva Parrilla, nuevo portavoz nacional de AJFV
La XXXVII Asamblea de la AJFV ha designado al nuevo Comité Nacional, en el que repiten seis de sus nueve integrantes, y ha expresado su preocupación ante la proposición de ley orgánica de amnistía y ratificado el manifiesto del Comité Nacional
|
17/11/2023 19:50
|
Actualizado: 19/11/2023 14:17
|
El magistrado Sergio Oliva Parrilla, titular del Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife, ha sido elegido hoy nuevo portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en la XXXVII Asamblea Nacional, que se ha celebrado desde el pasado miércoles, 15 de noviembre, en Oviedo.
Sucederá en el cargo al magistrado Jorge Fernández Vaquero, quien ha estado al frente de la asociación cuatro años.
Sergio Oliva (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1982) ingresó en la carrera judicial en 2011. Es experto universitario en Criminología y es un defensor de la independencia judicial como valor fundamental de una sociedad democrática, así como de la necesidad de acercar la Justicia a la ciudadanía.
Oliva, junto con otros cinco integrantes del nuevo Comité Nacional, ya formó parte de este órgano en su anterior etapa, cuya labor han reconocido los asociados.
En el Comité Nacional continuarán Teresa García Villanueva, Verónica Ponte García, Luis Ortiz Vigil, Carmen Gámiz Valencia y José Ignacio Martínez Esteban.
Entran como nuevos miembros los magistrados Pablo Sánchez Martín, María Enma Ortega Herrero y Rocío Moreno de Viana-Cárdenas.
En la Asamblea han participado más de 320 jueces y magistrados de AJFV. Se han aprobado diversas iniciativas, entre ellas una reforma estatutaria, el Protocolo del Comité de Ayuda al Asociado y el relativo a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante la misma se ha entregado el Premio a la independencia judicial 2023 al magistrado y exfiscal general del Estado Carlos Granados. Con este galardón, el jurado reconoce su “firme defensa de la independencia judicial” durante sus 45 años de trayectoria profesional, que fue especialmente evidente durante su etapa como fiscal general del Estado (1994-1996), «promoviendo la independencia de la institución frente al Gobierno, según se reconoce unánimemente”.
En el acto de clausura, que ha tenido lugar esta tarde, a las 19:45, ha participado el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien, además, ha sido el encargado de hacer entrega del galardón al magistrado Carlos Granados.
Durante la jornada también se ha hecho un emotivo homenaje a los asociados jubilados y fallecidos. «Un merecido reconocimiento de la familia vitorina a nuestros compañeros, grandes profesionales y excelentes personas que han dedicado su vida a la Justicia», ha destacado AJFV.
Y ha agradecido a la sección territorial de Asturias «el magnífico trabajo» realizado durante los meses previos a la asamblea y especialmente durante estos días.
PREOCUPACIÓN ANTE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE AMNISTÍA
AJFV ha expresado su «preocupación» ante la Proposición de Ley orgánica de amnistía presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista. El máximo órgano de representación de la AJFV ha ratificado las conclusiones del análisis rubricado por el Comité Nacional de esta asociación el pasado 14 de noviembre.
La Asamblea ha aprobado dicho informe con 271 votos a favor, 117 en contra y 26 abstenciones.
Este análisis se realiza en base a “la enorme incidencia que esta ley puede llegar a tener sobre los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de la jurisdicción, con afectación directa sobre la independencia judicial”.
AJFV denuncia que la amnistía propuesta «trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán”.
Destaca que “las tradicionales justificaciones de la amnistía de 1977 señaladas por el Tribunal Constitucional no son adecuadas en este caso, ya que no estamos ante un cambio de régimen, ni la amnistía responde a un consenso social amplio, ni la legislación cuyas consecuencias se quieren eludir es ilegítima o esencialmente injusta (puesto que sigue vigente para casi toda la ciudadanía)”.
Por otro lado, señala que aunque en la Exposición de Motivos de la proposición de ley se hace un «notable esfuerzo” por poner de manifiesto la finalidad de la amnistía y por identificar su entronque constitucional, “ninguno de los objetivos señalados en el texto (asegurar la convivencia democrática, promover la afección hacia las instituciones estatales, superar la tensión social y política, etc) es real o, en caso de serlo, tiene entidad suficiente para justificar la desigualdad que provoca la amnistía”.
“No encontramos plasmados en él los principios enunciados en la Exposición de Motivos. De su lectura se desprende, por el contrario, que la finalidad real de la amnistía es, por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos; y, por otra parte, asegurar un acuerdo político de investidura y/o legislatura. Estas finalidades no justifican la desigualdad creada con la amnistía”, expone.
Además, pone el foco en el hecho de que “el verdadero objeto de la amnistía” es derogar los efectos de declaraciones judiciales de existencia de delito, algo que “afecta al principio de exclusividad de la jurisdicción, que corresponde solamente a jueces y magistrados (artículo 117 de la Constitución)”.
Y destaca que la presentación de la proposición de ley “supone empezar a dar cumplimiento al acuerdo político alcanzado entre PSOE y Junts”, que incluye “la previsión de que la aplicación de la ley de amnistía habrá de tener en cuenta las conclusiones que comisiones parlamentarias puedan alcanzar sobre la existencia del llamado ‘lawfare, con una oscura referencia a la exigencia de responsabilidades”.
La «gravedad» de este acuerdo entre ambos partidos políticos ya fue puesta de manifiesto por el conjunto de las asociaciones judiciales, así como por otros colectivos profesionales relacionados con la Administración de Justicia.
“En tanto no se produzca una rectificación por escrito, el grave riesgo señalado en aquellos comunicados seguirá cerniéndose sobre la sociedad española”, sentencia.
EL RESTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ NACIONAL
Verónica Ponte García (Santander, 1986) sacó las oposiciones en 2012. Es de la promoción 64 de la carrera judicial. Está destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Getxo (Vizcaya). Cree firmemente en «la igualdad como objetivo, la comunicación como vehículo de trasparencia de la carrera judicial, así como en el conocimiento que las publicaciones de nuestras revistas pueden aportar a la sociedad».
Teresa García Villanueva (Madrid, 1986) es de la promoción 64. Está destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Parla (Madrid). Cree firmemente «en la necesidad de defender la independencia judicial y garantizar que los jueces desempeñen su función en las mejores condiciones y con los medios adecuados, en garantizar que el acceso a la carrera judicial no se haga en las condiciones de penosidad en las que se está haciendo en los últimos años».
Luis Ortiz Vigil (La Palma, 1971). Es de la promoción 54. Ejerce en la Audiencia Provincial de Asturias. Cree «con fuerte convicción en la necesidad de construir una justicia moderna y adaptada a las necesidades del siglo XXI que permita que la ciudadanía sea debidamente atendida».
Jose Ignacio Martínez Esteban (Arcos de Jalón, Soria, 1966) ingresó en la carrera judicial en el año 1991. Desde 2006 es titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Está convencido de que para que el Estado de Derecho sea real, «se requiere un poder judicial independiente y sin interferencias de otros poderes».
Carmen Gámiz Loja (Granada). Es magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 6 de Madrid. Ha sido miembro de la comisión de Igualdad de AJFV. Defiende «la igualdad y la independencia judicial como cimientos de nuestro sistema democrática».
Pablo Sánchez Martín (Granada, 1963) ingresó en la carrera judicial en 1989. Es de la promoción 39. Ejerce en la Audiencia Provincial de Granada. Está en la Sección Tercera. Se asoció en 1995 a la AJFV para luchar por «la defensa de la independencia de los jueces y su compromiso por la defensa de sus derechos y de los derechos y libertades de los ciudadanos».
María Enma Ortega Herrero (Madrid, 1975) pertenece a la promoción 52. Está destinada en el Juzgado de lo Social número 3 de Jerez de la Frontera. Cree firmemente «en la conciliación en la carrera judicial, en la igualdad y en el trabajo de forma conjunta, en un esfuerzo común, para conseguir los objetivos de la Asociación sin perder la esencia de los vitorinos», como se conoce a los miembros de la asociación.
Rocío Moreno de Viana-Cárdenas (Madrid, 1967) pertenece a la 67 promoción. Desde 1996 ha ejercido ininterrumpidamente como juez sustituta en todos los órdenes jurisdiccionales. Está destinada en el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Tarragona, especializado en Familia.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria fue fundada en 1984. Es la segunda asociación judicial en número de afiliados, con más de 930.
Noticias Relacionadas:
