La Comunidad de Madrid garantizará el acceso a la Justicia de personas con discapacidad a través del «experto facilitador»
La Comunidad de Madrid regulará la figura del experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en la Justicia. Foto: Europapress

La Comunidad de Madrid garantizará el acceso a la Justicia de personas con discapacidad a través del «experto facilitador»

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31/1/2024 13:28
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Actualizado: 31/1/2024 13:35
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La Comunidad de Madrid regulará la figura del experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales –juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales de la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia–.

De ello ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en rueda de prensa, después de que el Consejo de Gobierno haya solicitado un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora antes de aprobar el proyecto de decreto.

El objeto de esta iniciativa del Ejecutivo autonómico es «conseguir que estos ciudadanos accedan y participen en la justicia en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad». Para ello, establece los requisitos, los principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales.

Por ejemplo, deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Es más, con formación específica –cursos con una duración mínima de 100 horas– en este ámbito.

Asesoramiento especializado para cumplir con los discapacitados

El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se formará a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y asistan a los individuos discapacitados que tengan la posición de víctima.

La ley de 2021 por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad, prevé que en los procesos judiciales en los que participen se realizarán las adaptaciones y los ajustes necesarios para evitar cualquier tipo de discriminación. El Gobierno regional cuenta en esta tarea con la colaboración y el asesoramiento especializado de diversas entidades con una dilatada experiencia.

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