Los letrados expertos en familia llevan años pidiendo una jurisdicción especializada porque se engloba dentro del Derecho Civil.
Estos son los 10 agujeros negros que más le preocupan a los abogados de familia
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11/2/2024 06:32
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Actualizado: 28/5/2024 12:20
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El Derecho de Familia no es una jurisdicción como tal, se enmarca dentro del ámbito del Derecho Civil. Un campo delicado porque busca proteger los intereses de los miembros de una familia y, sobre todo, de aquellos que son más vulnerables, como los niños.
Los letrados expertos en esta materia llevan años pidiendo una jurisdicción especializada en familia. Por ejemplo, la Asociación Española de Abogados (AEAFA) lo reclamó en 2021 aprovechando que se habían cumplido 40 años de la ley de Divorcio en España impulsada por el entonces Ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez.
Y es que, en reiteradas ocasiones, han manifestado que ello genera sentencias dispares, inseguridad jurídica y tardanza en la tramitación de los procesos al no haber jueces, fiscales y equipos psicosociales especializados.
Confilegal ha preguntado a dos abogados expertos en familia con muchos años de experiencia a la espalda qué es lo que más les preocupa.
Enrique Sainz
A Enrique Sainz, letrado en el despacho Fuster-Fabra, lo que más preocupación, al hilo de que no es una jurisdicción como tal, es que sea «una Justicia de primera y de segunda» porque, en muchas localidades no hay juzgados ni profesionales especializados. «Nos encontramos con que depende donde te divorcies tendrás unas garantías u otras».
También, el «alarmante aumento de la falta de compañerismo a la hora de negociar con otros letrados.» A veces incluso te «faltan al respeto o te insultan» y «aportan conversaciones privadas al juzgado».
Asimismo, le genera cierta inquietud la aparición de despachos y abogados ‘lowcost’ que promocionan divorcios o separaciones «a costes irrisorios que, no sólo denigran la profesión, sino que dan mala fama a los abogados de familia».
Por otro lado, el letrado también destacó las dilaciones. «En muchos sitios tienen que esperar mas de un año para tener una sentencia de divorcio y, si se acuerda la prueba psicosocial, a veces 2».
¿Y mientras qué hacemos con los padres y los niños? ¿Les obligamos a tener que presentar siempre unas medidas provisionales con el coste que ello supone y con el riesgo de que luego el juez en el divorcio adopte las mismas medidas?, se pregunta.
Sainz también considera que existen juzgados sin criterios fijos sobre la custodia compartida. «No puede ser que en función del juzgado donde caiga el divorcio se establecerá un criterio u otro. Es una enorme incertidumbre». A lo que añade el trato de algunos juzgados con los letrados no es el mejor. «Nos obligan a llegar a acuerdos en sala, no admitiendo preguntas o limitando el plazo para decir las conclusiones».
Ana I. Rodríguez
Para la abogada Ana. I Rodríguez, lo que más le preocupa es la cosificación del derecho de familia, algo que ocurre cuando “los operadores jurídicos apartamos el aspecto jurídico que impregna todo el procedimiento y negociamos con los hijos como si fueran un juguete, olvidándonos del interés superior del menor”. Un eje que, “pivota todo”.
Interés superior del menor que ha de ser respetado siempre porque, tal y como cuenta, «es posible que durante la ruptura de la pareja, ambos padres, de manera egoísta y olvidándose de los hijos, busquen su beneficio o el perjuicio del otro olvidando que este proceder a quien más perjudica es a los niños, a los que se les genera sufrimiento y un claro conflicto de lealtades».
Asimismo, también le preocupa el desfase legislativo respecto de la realidad social que vivimos y la evolución del derecho de familia. Como ejemplo, ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2013 que dice que la custodia compartida no debe ser lo excepcional, y fijó criterios.
Sin embargo, «han surgido muchas cuestiones relacionadas con su aplicación a las que, ante un vacío legal, han tenido que dar respuesta los juzgados».
Le preocupa, y mucho, la instrumentalización de las denuncias por violencia de género «para sacar ventaja en un procedimiento de familia». Y es que, según explica, durante su larga trayectoria profesional ha tenido que ver cómo se han utilizado este tipo de denuncias como amenaza entre los progenitores a fin de conseguir la custodia de los hijos o una pensión mas elevada.
Pero deja claro que y recalca que bajo ningún concepto está diciendo que no exista la violencia contra la mujer porque también se ha enfrentado a situaciones desgarradoras contra madres o, incluso, contra los propios hijos.
Y la letrada ha coincidido en dos puntos con su compañero Sainz. En la lentitud de la Justicia, al ser «inaceptable que existan procedimientos donde se está impidiendo ver a los hijos o se les está privando de prestación de alimentos porque tardan en resolverse uno, dos años y, a veces más»; y en la falta de especialización.
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