La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido este jueves un escrito a la Sala Penal del alto tribunal en el que concluye que no existen indicios de que Carles Puigdemont participara “en la fundación o planificación” de la plataforma que impulsó las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2017.
Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía, ha fijado de ese modo la posición del ministerio público respecto a la implicación de Puigdemont en este caso y lo ha hecho en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que considera al expresidente catalán líder de Tsunami, «un grupo organizado de carácter terrorista».
Por su parte, Sánchez Conde señala que “El magistrado instructor se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica”, y por eso pide al Supremo que archive la causa contra Puigdemont y el otro aforado, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, y la devuelva a la Audiencia Nacional para que el instructor finalice la investigación.
En su informe, la teniente fiscal estima que los hechos a los que alude García Castellón en la exposición razonada con la que pidió imputar a Puigdemont no permiten deducir su participación en la plataforma y que, más bien, “descartan” su implicación. Tampoco ve indicios suficientes de criminalidad contra el otro aforado, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.
Fuentes fiscales han confirmado que Sánchez-Conde se ha alineado con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo –quien ha estado a cargo de la causa– y del fiscal del Supremo Álvaro Redondo –quien presentó un primer informe ante la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS que fue desestimado por mayoría–.
Los fiscales del Supremo a favor de investigar a Puigdemont
Fue el pasado 6 de febrero, cuando 15 miembros de dicha junta apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg –ambos aforados– y, por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo.
De esta forma, tumbaron el informe redactado por Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena –uno de los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’– y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas: el primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que propició que fuese su superior jerárquica, Sánchez-Conde, quien tuviese que resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto.
Para redactar su informe, Sánchez-Conde reclamó a los fiscales del Supremo que se mostraron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo que le facilitaran un documento que recogiese sus conclusiones.
Cadena ha presentado el informe de 14 folios en el que defiende la necesidad de imputar al expresidente catalán toda vez que la exposición razonada del juez le señala como líder «absoluto» de ‘Tsunami Democrátic’ por su «patrocinio intelectual y ético».
Ahora que la teniente fiscal del Supremo ha emitido el informe definitivo del Ministerio Público, el texto se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo.
Allí será el magistrado Juan Ramón Berdugo l encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada en la que el pasado noviembre el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, pidió al alto tribunal que imputara a Puigdemont por terrorismo.
