Los 15 fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo han votado por una mayoría de 13 a 2 que sí aprecian indicios de delitos de terrorismo en la causa sobre Tsunami Democràtic, que elevó el magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a la Sala de lo Penal.
Además, en la segunda votación, sobre la supuesta implicación del expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el prófugo Carles Puigdemont, también por una mayoría de 11 a 4, han apreciado indicios de su implicación en los disturbios alentados por esta organización el 14 de octubre de 2019, que terminar en la ocupación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para protestar por la condena a los juzgados en el «procés».
Puigdemont, por lo tanto, debería ser investigado por delitos de terrorismo. Al igual que el diputado autonómico en el parlamento de Cataluña por ERC, Ruben Wagensberg, recientemente huido a Ginebra, Suiza, para evitar la acción de la justicia.
La decisión de la Junta de Fiscales del Supremo –que ha estado presidida por Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa– de tumbar el borrador del fiscal de la causa, Álvaro Rebollo, supone un serio revés para el Gobierno y también para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Éste mantuvo una reunión con Rebollo días atrás tras la cual cambió su criterio y dejó de ver indicios terroristas en la causa.
El informe tiene que volver a ser redactado en la línea establecida por las votaciones de la Junta de Fiscales, una tarea que asumirá la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz.
Entre los participantes en esta Junta se encontraban Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, quienes formaron parte del equipo de Fiscalía que intervino en el juicio del «procés», junto a Consuelo Fidalgo, María Ángeles Garrido, Manuel Dolz, Juan Carlos López Coig, Manuel Martínez, José Martínez Jiménez, Álvaro Redondo, Olga Sánchez, Salvador Viada, Justino Zapatero y José Antonio Cerro.
