Regreso al pasado, con matices. Así podría haberse titulado este artículo. El PSOE, acuciado por la necesidad de encontrar una solución compensatoria a las exigencias del partido de la derecha separatista catalana, Junts, para aprobar la ley de amnistía, está empezando a recorrer el camino de regreso a la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy realizó en 2015 al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), estableciendo unos plazos máximos para la instrucción de las causas penales.
Plazos que se estipularon en un máximo de 36 meses. O lo que es lo mismo, 3 años. Una vez sobrepasado ese límite el juez de instrucción correspondiente tenía que optar por el archivo de la causa o el juicio.
Aquella reforma del PP estipulaba que cada causa tenía que instruirse en un plazo de 6 meses, que podía prorrogarse por otros 6 meses, y otros 6 meses adicionales más, a petición del fiscal.
18 meses en total. Pero si era demasiado compleja, podía, además prolongarse otros 18 meses más.
El PSOE y sus socios atacaron aquella reforma bajo la argumentación de que lo que estaba buscando el PP era la impunidad para sus imputados en casos de corrupción.
Por ello, cuando se auparon al gobierno llevaron a cabo una reforma en la que estipularon que la causa tenía que instruirse durante 12 meses –no los 6 meses más los 6 meses de la del PP–. Y si era complicada, podría ser prolongada en plazos de 6 meses, sine dine, a propuesta del fiscal o de oficio, por parte del juez.
Esta es la china que hoy molesta en el zapato del gobierno: la inexistencia de un plazo máximo de instrucción de las causas. Lo que ha posibilitado que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lleve a cabo la investigación sobre los hechos sucedidos el 14 de octubre de 2019 en Barcelona, hace 5 años, organizados por Tsunami Democràtic, y que ha calificado como indicios de delitos de terrorismo.
Este artículo el 324 de la LECRim, fue combatido en su momento por las tres asociaciones, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que exigieron su derogación.
Precisamente hoy la Asociación de Fiscales, que se ha reunido hoy con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que han advertido que una reforma en la que apunta el PSOE del mencionado artículo 324 de la LECRim, imponiendo plazos para la investigación de los delitos, «solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo, entre otros muchos».
Y le han exigido, como entonces, la derogación de dicho artículo.
El resultado de las elecciones generales del 23 de julio pasado ha trastocado, sin duda, la visión de las cosas del gobierno socialista, acuciado por la necesidad de contar con los 7 votos de Junts para poder gobernar.
