Dos asociaciones de jueces (de las cuatro existentes) y dos de fiscales (de las tres que hay) han emitido un comunicado conjunto, con motivo de su cuarta reunión con la Comisión Europea, centrada en evaluar el estado de derecho en España, en el que afirman que «No puede haber no puede haber un Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y adecuadamente equipado».
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, por parte de los jueces, y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, señalan varios puntos críticos que socavan la independencia judicial y el propio estado de derecho.
Son estos:
LAS CONSECUENCIAS DE LA NO RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
La situación actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya incapacidad para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales está tenido un «impacto significativo» tanto en la percepción pública sobre la independencia judicial como en la funcionalidad de los sistemas judiciales.
Las asociaciones recuerdan que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) ha recomendado desde 2013 que los miembros jueces del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces. Una sugerencia que no tiene visos claros de que se pueda materializar.
«LAWFARE»
El comunicado también destaca los «ataques» y las «acusaciones de lawfare» procedentes de las autoridades políticas hacia jueces y fiscales, prácticas que minan gravemente la confianza en la judicatura.
Además, critican la posibilidad de que jueces y fiscales puedan ser convocados a declarar ante comisiones parlamentarias para explicar su trabajo en instrucciones sobre hechos relacionados con delitos relacionados con el separatismo, calificando estas acciones de «inadmisibles».
«PUERTAS GIRATORIAS»
La preocupación de las cuatro asociaciones se extiende a las denominadas «puertas giratorias» entre la política y la Justicia, una problemática que desdibuja la necesaria separación de poderes y pone en duda la independencia de los operadores judiciales.
AFORAMIENTOS
Asimismo, el régimen de aforamientos es señalado por acentuar la percepción de una Justicia politizada, al ofrecer un tratamiento privilegiado a políticos frente al enjuiciamiento.
SISTEMA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Otro aspecto crítico abordado es el sistema de promoción profesional de jueces y fiscales, basado en nombramientos discrecionales y poco transparentes, lo cual afecta negativamente la confianza pública en estas instituciones.
JUBILACIÓN MASIVA EN DIEZ AÑOS
A esta situación se suma la previsión de una jubilación masiva en el sector. En diez años se va a jubilar una tercera parte de los jueces, que, en España, presentan una ratio de jueces por habitante entre las más bajas de Europa, sin que se hayan planificado medidas concretas para afrontar la escasez de profesionales. Lo que compromete la eficacia en la persecución de delitos y el derecho a un juicio justo y sin demoras.
Las asociaciones firmantes concluyen su comunicado con un llamamiento a la acción, insistiendo en la necesidad de despolitizar la Justicia y dotarla de los medios personales y materiales necesarios, tras décadas de solicitudes ignoradas por los diferentes gobiernos.
Subrayan que la conciencia social debe entender que no puede haber un Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y adecuadamente equipado, una reivindicación que trasciende las ideologías políticas y busca garantizar la equidad y la justicia para todos los ciudadanos españoles.
