Los letrados del Senado han concluido que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un informe que critica la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denomina como «reforma encubierta de la Constitución», aunque la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, decidirá tramitarla pese a la insistencia de Vox.
«La opción de no admitir a trámite, además de ser inconstitucional, mermaría considerablemente los derechos del Senado y de los Senadores, pues impediría el desarrollo de su tramitación con las correspondientes aportaciones, vía enmiendas, veto, comparecencias y debates», añaden los letrados.
En un informe jurídico de 69 páginas firmado por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, los letrados de esta Cámara avisan sobre una ley que ya recibió visos de inconstitucionalidad a través de un informe que hicieron los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y señalan que la ley de amnistía vulnera «principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución».
«El texto que se recibe en el Senado debe continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados (y aún no resueltos) en las observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso», incide el nuevo informe jurídico que sale de la Cámara Alta.
En este sentido señalan derechos fundamentales vulnerados como el de la igualdad, la libertad ideológica, la seguridad jurídica o valores como el de la separación de poderes.
No obstante, también aclaran en otro informe diferente centrado en la posibilidad de que la Mesa del Senado no califique ni admita a trámite esta proposición de ley, tal como pide Vox, que no es posible porque el Senado tiene la «obligación automática» de calificar una iniciativa según marca la Constitución.
Así se lo ha hecho llegar la Secretaría General a la Mesa del Senado en un texto que el órgano competente deberá valorar en la reunión de este martes a las 12:00 horas.
Los letrados del Senado exponen que la admisión a trámite es «un acto de continuidad», por lo que la Mesa de la Cámara Alta tiene que obligatoriamente dar curso a la proposición de ley, incluso aunque fuese inconstitucional.
En este sentido, el informe jurídico recomienda a los miembros de la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, que se haga constar expresamente en el mismo acto de admisión a trámite «las dudas sobre su constitucionalidad».
