Las Secciones 26 y 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, tienen competencias exclusivas en violencia de género. El acuerdo que han suscrito dice que están al límite del colapso. Foto: Confilegal.
Los magistrados de las secciones de la Audiencia de Madrid, de violencia de género, exigen refuerzos urgentes para evitar el colapso
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20/3/2024 16:44
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Actualizado: 20/3/2024 16:56
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Los magistrados de las Secciones 26ª y 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con competencia exclusiva en violencia de género, exigen que se adopten medidas urgentes para evitar el colapso que, por ahora, han bordeado.
Así lo han constatado en el acuerdo unánime suscrito por la junta general de ambas secciones, celebrada el 11 de marzo pasado.
«Ante esta situación y frente al incremento imparable de la pendencia y de los tiempos de respuesta, la Junta de jueces acuerda por unanimidad dirigirse a la Sala de Gobierno, poniendo de manifiesto su preocupación, denunciando la situación, e interesando la urgente autorización de las medidas de refuerzo», dice el texto, al que ha tenido acceso Confilegal.
Los tiempos de respuesta para recursos de apelación en estas dos secciones especializadas en violencia de género, a día de hoy, se aproximan al año de duración.
La sobrecarga de trabajo duplica el indicador de entrada de asuntos.
También supera la media nacional, provincial y autonómica. Esto ha llevado a los magistrados a mantener niveles de dedicación y rendimiento extraordinarios.
Sin embargo, los asuntos pendientes siguen siendo muy elevados en una materia altamente sensible que necesita respuestas lo más rápidas posibles,
«La solución pasa porque el Ministerio de Justicia autorice las medidas pertinentes, cosa que no ha ocurrido todavía, pese al conocimiento de la situación por parte del Ministerio desde hace 6 meses»
Este estado de cosas ha sido admitido en un informe que emitió el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 23 de octubre de 2023.
Dicho Servicio reconoce el esfuerzo realizado –y que todavía siguen realizando– los magistrados que conforman dichas secciones.
Por lo que considera que «resulta necesario adoptar medidas estructurales de ampliación de planta para paliar dicha solución y reducir los tiempos de respuesta».
A pesar de la aparente neutralidad del lenguaje administrativo utilizado, la elección de las palabras y la construcción de las frases empleadas denotan un escenario más allá de lo que se conoce por Administración de Justicia.
JUSTICIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO: UN ESFUERZO RECONOCIDO
En el mismo se reconoce el esfuerzo de los magistrados pero llama la atención sobre la necesidad de adoptar «medidas estructurales de ampliación de planta» y, en su defecto, medidas de refuerzo temporal.
Y añade: «Entre tanto no se lleve a cabo, resulta conveniente adoptar medidas eficientes de refuerzo, mediante comisión de servicio con elevación de funciones de
magistrado o nombramiento de magistrado suplente, máxime teniendo en cuenta la especialidad de la secciones en materia de violencia sobre la mujer”.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias del presidente de la Audiencia Provincial, ya había propuesto el 18 de diciembre de 2023 la designación urgente de dos magistrados suplentes para las secciones 26 y 27, propuesta que aún espera una decisión del Ministerio de Justicia.
Asimismo, recuerda lo que dice la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra constitución».
«Esos mismos poderes públicos tienen conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción para hacer reales y efectivos dichos derechos removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud” , subraya.
La solución pasa porque el Ministerio de Justicia autorice las medidas pertinentes, cosa que no ha ocurrido todavía, pese al conocimiento de la situación desde hace seis meses. Desde octubre de 2023.
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