El pasado 29 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) dictó una sentencia en la que declaró que el Gobierno autonómico incumplía la ley respecto a la consolidación de empleo público en el caso del consorcio Harrueskolak.
Es una entidad pública dependiente del Gobierno Vasco que gestiona las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a menores de 3 años.
Por lo que los magistrados Pablo Sesma de Luis, Ana Isabel Molina Castiella y Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa han obligado al Ejecutivo en la sentencia 515/2024 a consolidar 77 plazas.
Es la primera sentencia que concluye que un proceso de consolidación ha sido insuficiente y que se debe ampliar.
En concreto explicaron que el número de plazas a cubrir era de 453, pero el Consorcio convocó 264, por lo que quedarían otras 189 plazas para convocar. De ellas hay que restar 112 declaradas judicialmente como fijas, resultando finalmente 77 plazas adicionales.
Una sentencia que el Gobierno Vasco va a recurrir ante el Tribunal Supremo, tal y como ha informado hoy el portavoz Bingen Zupiria. «Los números estimados no coinciden con los cálculos del Gobierno Vasco. Y esa es la razón por la que hemos decidido presentar este recurso para que sea este órgano jurisdiccional el que adopte la decisión definitiva».
Zupiria ha subrayado que «no hay ninguna duda de que en este proceso que es complejo y se va a alargar en el tiempo, van a existir multitud de recursos, multitud de sentencias, porque se trata de un tema complejo en el que hay diferentes aspectos que hay que dilucidar».
Por su parte, desde el sindicato ELA, que ha sido el que ha representado a los trabajadores, ha explicado que se ha puesto de manifiesto la nula voluntad de la Administración de acabar con la temporalidad.
