La Sociedad Civil Catalana (SCC) pide al Tribunal Supremo que inicie una investigación contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos con beneficio personal y blanqueo de capitales, en relación con su participación en la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic‘.
Esta petición llega después de que, en febrero, el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra Puigdemont y Ruben Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament, por presuntos indicios de terrorismo, vinculados a la participación del expresidente en los hechos investigados.
A través de un comunicado, la asociación ha señalado que se ha dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal en su condición de acusación popular para instar a que se investigue a Puigdemont «a la máxima urgencia dado su potencial delictivo».
Alude al pago en criptomonedas que habría recibido en su cuenta personal de Ethereum a través del protocolo conocido como Tornado Cash en diciembre de 2021.
CRIPTOMONEDAS
«Este mezclador de criptomonedas, que envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero, es una herramienta para blanquear dinero. De hecho, esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero», sostiene SCC.
En esta línea, asegura que «la recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar –en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar ‘Tsunami Democràtic’— un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal».
EL RASTRO DE LAS CRIPTOS
El bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa los intereses legales de SCC, considera que el uso de esta plataforma «podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales».
«Precisamente para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado el primer texto legislativo de la UE para asegurar la trazabilidad de las transferencias», señala el comunicado.
SCC asegura que trabaja desde hace más de un año «en un proyecto de investigación para rastrear la injerencia rusa en el proceso separatista catalán».
La asociación, personada desde noviembre de 2020 en ‘Voloh’, explica que, «de la instrucción de una de las piezas separadas del caso, que investiga los contactos del independentismo con el Kremlin, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».
