La ciberseguridad empresarial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las organizaciones en todo el mundo. En la era digital actual, las amenazas son más peligrosas y sofisticadas que nunca.
De hecho, España es uno de los países más golpeados por los ciberataques en Europa, siendo el impacto económico estimado de los daños derivados de la ciberdelincuencia de aproximadamente 30.000 millones de euros anuales, según el último informe económico de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.
Es por ello que el Gobierno se ha propuesto aprobar durante esta legislatura una ley de ciberseguridad que garantice una mayor confianza y mejore la innovación digital de las empresas y usuarios, al tiempo que busca reforzar la defensa de las infraestructuras críticas de instituciones y empresas y regular el uso de proveedores de riesgo.
Importancia de contar con un marco legislativo en ciberseguridad
En este contexto, la consultora Legal Army destaca positivamente la aprobación de un marco legislativo en materia de ciberseguridad que proteja los derechos y libertades de los ciudadanos en el entorno digital.
Según Natalia Martos, CEO y fundadora de Legal Army, afirma que esta ley será “un paso clave para que todos los organismos competentes colaboren en la construcción de un espacio digital competitivo, a la vez que seguro, que beneficie a todos los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad”.
Y es que las empresas se enfrentan a numerosos riesgos como puede ser el robo de datos, pérdidas de información, o incluso el incumplimiento en materia de protección de datos que se puede derivar de una falta de conocimiento ante el auge de la digitalización.
En este sentido, Legal Army ofrece controles proactivos continuos que garanticen el cumplimiento total de la legislación, ante el elevado coste que puede suponer el incumplimiento de la ley.
Por ejemplo, las empresas que utilicen datos personales deberán cumplir con la Ley de Protección de datos (RGPD y LOPDGDD), y en caso de incumplimiento las sanciones pueden oscilar entre los 20 millones de euros hasta el 4% del volumen de facturación anual de la compañía.
Además, dado que estos datos personales pueden verse expuestos en el mundo online, especialmente en el caso de que se produzcan delitos, como, por ejemplo, la suplantación de identidad, es esencial contar un plan de cumplimiento interno robusto que permita afrontar estas situaciones de una forma rápida, eficaz y controlada.
Y es que a medida que las empresas dependen más de la digitalización en sus operaciones y procesos, la protección de sus datos y activos se vuelve esencial para el buen funcionamiento de sus organizaciones.
Ante esta realidad, el asesoramiento legal es clave para garantizar que la empresa opere dentro de los límites legales, mitigue riesgos, optimice procesos y mantenga su reputación.
Este panorama de acelerada digitalización de la economía y la sociedad pone en el punto de mira a las pequeñas y medianas empresas debido a sus limitaciones financieras y de formación en esta materia.
