El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclama que en la nueva Ley de Asistencia Jurídica y Defensa Universal, prometida por el triministro Félix Bolaños, se asegure una remuneración uniforme para todas las actividades realizadas por los abogados de turno de oficio en todas las Comunidades Autónomas, ya sea por designación de los colegios o por requerimiento judicial.
Debe garantizarse que cada profesional reciba una remuneración justa y equitativa sin importar la región en la que presten sus servicios.
Esta medida busca solventar las disparidades existentes y asegurar que todos los abogados sean compensados de manera adecuada por su trabajo en la asistencia jurídica gratuita.
Esta fue una de las conclusiones de las VIII Jornadas de Justicia Gratuita, que tuvieron lugar entre el pasado jueves y viernes en Valladolid. Allí se establecieron las directrices para una futura legislación que reemplazará la ley vigente desde 1996.
Actualmente, el CGAE está en conversaciones con el Gobierno para negociar el contenido de la nueva normativa y mejorar las condiciones bajo las cuales se ofrece este servicio vital.
En dichas conclusiones se hace hincapié sobre la importancia de «estandarizar a nivel nacional un conjunto mínimo de actuaciones, tanto procesales como extraprocesales, en las que participan los abogados en el ámbito de la justicia gratuita y que son elegibles para recibir compensación económica».
EL CGAE Y LOS COLEGIOS DEBEN SEGUIR GESTIONANDO EL SERVICIO
Además, la propuesta incluye la conservación de las responsabilidades administrativas de los Colegios de la Abogacía y del Consejo General de la Abogacía, quienes seguirán encargados de la organización, el asesoramiento, y el control de los servicios jurídicos prestados, asegurando un acceso directo y personalizado para los ciudadanos.
Esta estructura permitiría mantener un control efectivo sobre la calidad y eficacia del servicio de justicia gratuita, favoreciendo la transparencia y la accesibilidad.
Las reformas también contemplan la expansión de servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito para sectores vulnerables de la población, incluyendo mujeres en situaciones de violencia, presos, inmigrantes y solicitantes de protección internacional.
Este enfoque integral busca no solo asistir en las etapas iniciales sino también garantizar un seguimiento adecuado sin asumir gestiones judiciales o extrajudiciales.
Para sostener financieramente estos servicios, se propone establecer un marco de financiación sostenible y suficiente que cuente con cobertura presupuestaria adecuada.
Esto incluiría un sistema de compensación que no solo cubra los costos directos de los servicios prestados sino que también contemple actualizaciones anuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con estas reformas, el Consejo General de la Abogacía busca no solo mejorar la administración y calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, sino también dignificar la labor de los abogados del turno de oficio a través de una remuneración justa y uniforme.
