El plástico se ha convertido en una de las grandes asignaturas pendientes de los supermercados. Y es que, a pesar de que cada vez son más las administraciones nacionales e internacionales las que buscan acabar con el gasto incontrolado del plástico, lo cierto es que muchos establecimientos siguen haciendo uso aparentemente abusivo de este material.
Especialmente, en frutas y verduras. Algo que no ha pasado desapercibido para los usuarios y clientes de estas superficies. Consumidores que contemplan, asombrados, frutas y verduras envueltas en plástico de manera individual. Ello, mientras los clientes están obligados a pagar por cada bolsa de la compra. Hasta el punto de que su precio se ha incrementado hasta alcanzar los 15 céntimos por bolsa.
“¿Es un aguacate, o un rolex?”, “la estupidez humana, reemplazar la cáscara de una fruta por plástico” o “quiero comprar fruta, no plástico”, son algunas de las quejas de los consumidores ante esta situación en los estantes de los supermercados.
Situación ante la que, en 2023, entró en vigor el Impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, con finalidad de prevenir la generación de residuos y fomentar el reciclado.
“Se impuso en supermercados y tiendas para poner coto al plástico, prohibiendo envasar frutas y hortalizas de menos de un kilo y medio de peso”, explica a Confilegal Rosana Pérez Gurrea, Abogada y Profesora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).
Una medida que entró en vigor en enero del pasado año, “y buscaba reducir la producción y consumo de envases”.
“Su incumplimiento conlleva sanciones” asegura la letrada. Sanciones que ostentan un mínimo de 1.000 euros para la empresa infractora.
Medidas con las que el supermercado «cobra más» al consumidor
“Aunque el impuesto es indirecto, en algunos casos los fabricantes lo trasladan al precio final de los productos”, explica la abogada Rosana Pérez.
Una realidad que hace que esta Ley de residuos acabe afectando directamente a los ciudadanos en su cesta de la compra. “Tiene un impacto directo en toda la cadena de valor, es decir, afecta directamente al precio final de los productos y, por tanto, al consumidor”, reconoce la abogada.
Cuestión ante la que, para Rosana Pérez, es necesaria una gran labor de concienciación. “Es importante en esta transición hacia una economía circular que se informe adecuadamente a los consumidores sobre la causa del incremento de los precios, y los beneficios ambientales que se pretenden lograr”.
Beneficios que afectan al bolsillo de todos los consumidores. Y que parecen no ser tantos como se pretende con medidas como el pago de las bolsas de plástico.
“Las medidas no son malas, pero tampoco solucionan con total eficacia el problema de la contaminación”, asegura la letrada.
Medidas que están afectando al bolsillo de todos los consumidores. Y que aún no parecen ser suficientes para evitar encontrar frutas y hortalizas envueltas de forma innecesaria en los supermercados. Algo que hace que, a pesar de que el consumidor sí pague la “economía circular” de los productos, no siempre ésto sea una realidad en los supermercados.
