Fuentes de la Fiscalía General del Estado precisan que la norma podría afectar "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación.
486 personas podrían beneficiarse de la ley de amnistía, según la Fiscalía General del Estado
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12/6/2024 18:18
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Actualizado: 12/6/2024 19:57
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La ley de amnistía, pueda afectar, aproximadamente, a 82 causas penales que se encuentran actualmente en tramitación en las que están encausadas 486 personas, según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado.
Las mismas fuentes precisan que la norma podría afectar «aproximadamente» a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.
El ministerio público precisa que no a todos los procedimientos puede serle de aplicación la ley de amnistía, ya que existen delitos que no se incluyen en el texto legal, como por ejemplo el de odio, que puede existir junto con otros en algunas de las causas.
Cabe recordar que la ley abarca una década del ‘procés’, desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023, 1-O y 9-N incluidos.
En el Supremo
En el Supremo consta la causa especial 20907/2017, conocida como la causa del ‘procés’, que incluye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía. Esta causa abarca delitos de desobediencia y malversación.
Fuentes fiscales puntualizan que, aunque en el Supremo también está la causa por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y el diputado electo de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, esta se enmarca –y contabiliza– en el procedimiento que abrió la Audiencia Nacional en 2019 por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’.
En la Audiencia Nacional
En la Audiencia Nacional se registra, a su vez, el procedimiento relativo a los Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por delitos de organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos.
Por su parte, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña figuran dos procedimientos penales por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Según las fuentes consultadas, una de ellas sería la causa contra la consejera catalana Natàlia Garriga, el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó, que están a la espera de juicio por los preparativos del 1-O.
BARCELONA ACUMULA LA MAYORÍA DE CAUSAS
Barcelona es la provincia con mayor número de causas, hasta 39, seguidas en la Audiencia Provincial y juzgados de instrucción y de lo penal de Barcelona ciudad, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Martorell, Sant Feliú de Llobregat, El Prat de Llobregat, Vilanova y la Geltrú, Sabadell, Cerdanyola del Vallés, Mataró y Terrassa.
A continuación está la Girona, que tiene 19 procedimientos judiciales vinculados al ‘procés’ en la Audiencia Provincial y juzgados de instrucción de Girona ciudad, La Bisbal d’Empordà y Figueres.
En tercer lugar, según los datos recabados por la Fiscalía, se encuentra la provincia de Tarragona, con 12 causas en juzgados de instrucción y de lo penal de Tarragona ciudad, Reus, Tortosa y Valls.
Mientras que en la provincia de Lleida hay 7 causas entre juzgados de instrucción y de lo penal de Lleida ciudad y Solsona que podrían beneficiarse de la medida de gracia que perdona una década del proceso independentista catalán.
Los procesos judiciales abarcan delitos de malversación, desobediencia, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y delito electoral, revelación de secretos, blanqueo, desórdenes públicos y daños, lesiones y contra la integridad moral, torturas y tratos degradantes, incitación al odio, injurias, ultrajes, abandono de servicio, resistencia, atentado, amenazas, grupo criminal, contra la seguridad vial, hurto o robo.
Según señaló públicamente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampararía a unas 372 personas.
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