Los cuatro fiscales del «procés» se niegan a acatar la orden del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, y mantienen su rechazo a apoyar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. «La orden es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal», según señalan en un escrito.
Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se reafirman en su informe y, una vez conocida este viernes la postura de García Ortiz, invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la diferencia de criterios se dirima en una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrará el próximo martes.
Los fiscales del Tribunal Supremo expresan que lo argumentado por García Ortiz para la aplicación «incondicional» de la amnistía a la malversación «no desvirtúa en absoluto» la postura contraria de los cuatro, de manera que son argumentos «manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida».
«A nuestra juicio la orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas», expresa el fiscal Zaragoza en nombre de los cuatro.
También los fiscales insisten a García Ortiz de que si tras la Junta impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado han informado de que García Ortiz ya ha convocado a los fiscales de sala para celebrar esa junta el martes 18 de junio después de que el fiscal Zaragoza haya invocado el artículo 27 del estatuto fiscal al no estar de acuerdo con la orden dada este mismo viernes por el fiscal general.
EL CRITERIO DEL FISCAL GENERAL
García Ortiz ha presentado un escrito en el que defiende que se debe aplicar la amnistía a la malversación y en el que considera «insuficientes» los argumentos de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo en contra de amnistiar ese delito.
«Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», aboga el fiscal general en el escrito, lo que incluye la orden de detención activa contra Puigdemont.
A juicio del fiscal general, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial».
Y considera también que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.
