El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, ha convocado a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, para que declaren como investigados el próximo lunes.
Se les acusa de violación de la privacidad y revelación de secretos, delitos presuntamente cometidos al difundir en la prensa detalles de la investigación fiscal a Alberto González Amador, un caso que ambos conocían por sus funciones profesionales.
Las investigaciones llevadas a cabo por el magistrado Goyena indican que no hay bases suficientes para mantener a Julián Salto como investigado, según distintas fuentes jurídicas.
Sin embargo, la situación de Rodríguez parece algo más delicada.
Existen indicios de que ella participó en la elaboración de un comunicado emitido el 14 de marzo por la Fiscalía que dirige, intentando contrarrestar algunas noticias incorrectas que circulaban en medios de comunicación.
Dichas noticias sugerían que la Fiscalía había propuesto un acuerdo de conformidad penal a González Amador, para luego retractarse «por órdenes superiores» con el objetivo de llevar al empresario a juicio.
Según lo expuesto por la Fiscalía, fue el abogado de González Amador quien ofreció el acuerdo en un correo electrónico, admitiendo que su cliente había incurrido en dos delitos fiscales.
Un paso esencial ante el Supremo
La correcta tramitación de este caso incluye escuchar a los fiscales acusados, un paso esencial para que el proceso pueda avanzar sin objeciones, posiblemente hasta la Sala Penal del Tribunal Supremo, dada la implicación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, aforado ante este tribunal.
En un reciente escrito, García Ortiz señaló al juez Goyena que, en su opinión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no tiene jurisdicción para investigar los delitos señalados en la querella de González Amador.
Además, recordó que en un evento oficial el 15 de abril, asumió personalmente la responsabilidad por la publicación de la nota que ha puesto a sus subordinados bajo investigación.
La consecuencia lógica de este paso que dio el fiscal general del Estado es que él mismo sea encausado por esos mismos delitos por el Tribunal Supremo.
