La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez instructor, Pablo Llarena, que rectifique la decisión del pasado 1 de julio de no amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación y al resto de condenados declarados en rebeldía. Es decir, a Antonio Comín y Lluís Puig.
Un recurso que, previsiblemente, estudiarán los magistrados Vicente Magro, Leopoldo Puente y Eduardo de Porres al no haber participado nunca en el procés y, por tanto, no están contaminados.
Según explican los firmantes del recurso de reforma, María de los Ángeles Sánchez y Joaquín Sánchez-Covisa, «la voluntad del legislador es clara». Y han insistido en que «no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía». Consideran que la decisión del instructor no es ajustada a Derecho.
En concreto, discrepan de la interpretación del auto de Llarena al considerar que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los hechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial.
No discuten que no haya habido delito, sino que no hubo enriquecimiento ni ello afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Hay que recordar estas son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.
En dicho recurso consultado por Confilegal, la Fiscalía también solicita que se deje sin efecto la orden de detención.
