«La llamada ‘pena de banquillo’ es un mal que tiene que asumir un estado de derecho por tener una prensa libre», afirmó el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, uno de los 7 jueces que formaron parte del juicio del «procés».
Del Moral, que tomó parte en el curso de El Escorial organizado por la Universidad Complutense de Madrid y Ballesteros Comunicación de Litigios y que llevó por título ‘Cuando la noticia cambia la vida de las personas para siempre: el juicio paralelo’, subrayó que, aunque esta situación resulte injusta, es una consecuencia inevitable de vivir en una sociedad donde la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales.
Durante el evento, el abogado penalista -y magistrado en excedencia- José Antonio Choclán propuso una medida innovadora para mitigar los efectos negativos de los juicios paralelos.
Sugirió que el daño reputacional y social sufrido por los investigados, similar a las dilaciones indebidas, debería ser contabilizado para reducir la pena final.
Esta propuesta, aunque aplicable a los culpables, no soluciona el problema para aquellos que son finalmente absueltos, como destacó antes Del Moral.
El letrado Jaime Campaner, socio director de «Campaner Law» y profesor de derecho procesal, insistió en la necesidad de que la publicidad de los procesos judiciales sirva para informar a la sociedad, pero sin derivar en un espectáculo mediático que perjudique a los implicados.
«Los intervinientes en el proceso tienen dos opciones: enfadarse y no jugar al juego o adaptarse y jugar sus cartas acatando las reglas del juego», afirmó Campaner, instando a una adaptación a la realidad mediática sin renunciar a los principios éticos.
La jornada también contó con la participación de la abogada Bárbara Royo, quien apeló a la valentía de los jueces para imponer su criterio sin dejarse influir por la presión mediática.
Royo criticó que muchos jueces y periodistas no son lo suficientemente valientes para resistir el juicio mediático y abogó por que el Estado indemnice a las víctimas de la ‘pena de telediario’, cubriendo los gastos derivados del procedimiento cuando el investigado es absuelto.
Ángela Martialay, redactora jefe del diario El Mundo, enfatizó la importancia de la educación tanto de los periodistas como de los ciudadanos para combatir los juicios paralelos.
«Es fundamental la formación de los periodistas para que sepan tratar los casos mediáticos y respetar la presunción de inocencia del investigado», afirmó Martialay, quien también apeló a la responsabilidad de los ciudadanos en este contexto.
El curso expuso la complejidad de equilibrar la libertad de prensa con la protección de los derechos de los acusados en procesos judiciales. Aunque las propuestas para mitigar los efectos negativos de los juicios paralelos son bienvenidas, la solución definitiva parece esquiva, dada la naturaleza inherente de una prensa libre en una democracia.
