La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, Matilde Cuena Casas, afirmó ayer que el problema creciente de las okupaciones ilegales tiene su origen en las políticas actuales, que han exacerbado esta situación.
«La legislación actual está facilitando las okupaciones y desincentivando la inversión inmobiliaria. Dificulta los desalojos y alienta a los okupas a permanecer en propiedades ajenas sin consecuencias legales inmediatas«, opinó esta catedrática durante su intervención en la mesa redonda que llevó por título «El derecho a la vivienda digna y adecuada», que forma parte del Curso 2024: Persona, empresa y tecnología (Vivienda: sus desafíos. Reflexiones y propuestas) de la Fundación Notariado.
En la misma tomaron parte el filósofo Fernando Savater, el arquitecto y escritor Álvaro Gamés Cerezo y el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora. La moderación corrió a cargo de Ignacio Gomá, director general de la Fundación Notariado en uno de los salones del Palacio Miramar, en San Sebastián.
«Las políticas que dificultan los desalojos» –prosiguió Cuena– «generan un clima de inseguridad jurídica, donde los propietarios no tienen garantías de poder recuperar sus propiedades en caso de ocupación ilegal. Si los inversores perciben que el mercado es inestable y que sus inversiones están en riesgo, pueden optar por invertir en otros sectores o en otros países con un entorno legal más favorable«, añadió.
SE DESINCENTIVA LA INVERSIÓN
Las okupaciones ilegales, además, pueden llevar a pérdidas significativas para los propietarios ya que no solo dejan de percibir ingresos por alquileres, «sino que también pueden enfrentar costos adicionales relacionados con la recuperación de la propiedad y posibles daños a la misma. La percepción de una rentabilidad reducida hace que la inversión en inmuebles sea menos atractiva.»
La limitación de los desalojos y la congelación de los precios de alquiler tiene una consecuencia directa: se desincentiva la inversión en el mercado inmobiliario y se restringe aún más la oferta de viviendas. «La regulación actual está ahogando la oferta, haciendo que el mercado inmobiliario no sea rentable. Esto, combinado con la falta de seguridad jurídica, está llevando a que muchos propietarios prefieran no alquilar sus inmuebles».
Lo que, a su vez, crea una desconfianza en el sistema legal muy peligrosa, aseguró tajante. «Porque cuando los inversores ven que las leyes no protegen adecuadamente los derechos de propiedad, pierden confianza en el sistema legal y en la capacidad del estado para garantizar el cumplimiento de la ley».
Cuena trajo a la memoria el hecho de que el nivel de viviendas públicas en España es muy bajo –un 12 %– en comparación con otros países del norte, como Alemania, donde se llega al 50 %. «Aquí no se ha creado una oferta suficiente de vivienda pública, y ahora se está poniendo la solución sobre las espaldas de los propietarios privados», declaró.
EL DERECHO A LA VIVIENDA NO ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL
La catedrática, por otra parte, fue rotunda al afirmar que el derecho a la vivienda, tal como se entiende en la legislación actual, no es un derecho constitucional fundamental, sino un principio rector de la política social y económica. Muy en la línea con las opiniones expresadas en sus recientes libros por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro.
A su juicio la cuestión de la función social de la propiedad se ha utilizado parea justificar la intervención del Estado en propiedades privadas con el fin de satisfacer necesidades sociales. «Y no es así. La responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda adecuada recae sobre el Estado y no sobre los particulares», declaró tajante.
Sin embargo, advirtió que este concepto no debe ser utilizado para cargar sobre los propietarios privados la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda. «La función social de la propiedad no puede ser un instrumento para imponer a los propietarios privados la obligación de solucionar problemas que deben ser abordados por los poderes públicos«, afirmó.
Recordó que «La Constitución no diseña el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. No es un derecho subjetivo que se pueda reclamar directamente ante los tribunales, sino que es un principio que debe guiar las políticas públicas».
«La estructura del derecho a la vivienda es vertical, está dirigida hacia los poderes públicos y no hacia los propietarios privados. Mi derecho a la vivienda no convierte mi propiedad en un instrumento para satisfacer el derecho de otra persona a tener una vivienda. Esto es lo que se ha desenfocado desde los poderes públicos y hay que volver a enfocar», precisó.
INTERVENCIÓN DEL ESTADO SOBRE LOS DERECHOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, por su parte, fijó el punto de partida del desafío en la propia Ley de la vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, que es una fortísima intervención sobre los derechos
públicos y privados, lo que provoca unas tensiones enormes”, explicó.
Savater, que reveló que la profesión de su padre había sido la de notario, aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “intrínsicamente ligada a la vida, pues es el punto de partida para que cada uno cree su propio camino. Esto afecta especialmente a los jóvenes”.
Siguiendo esta línea, Galmés incidió en su aspecto temporal: “La vivienda es un presente continuo que vive en transformación y, por lo tanto, el concepto tiene que abarcar toda esa trayectoria vital del individuo. Ahí está la clave que debemos comprender para enfrentar el desafío de forma adecuada y buscar soluciones correctas”, aseguró.
Ignacio Gomá señaló que “la ONU califica como ‘vivienda’ aquella que cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad
jurídica. Es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.
La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN); Fernando de Aragón, director general del Catastro; y Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, del Partido Socialista de Euskadi-PSOE.
Martínez Sanchiz señaló que “el Notariado se caracteriza por su papel social y su compromiso con la sociedad para abordar los temas que más preocupan a la ciudadanía y, sin duda, la vivienda es uno de ellos. No solo en nuestro país, si no a nivel global. Por ello, durante este seminario hemos querido contar con voces de Europa, América y África, para obtener su punto de vista e impulsar soluciones que nos ayuden a alcanzar la paz y tranquilidad social”.
