II Encuentro COMJIB
S. M. el rey Felipe VI inauguró el encuentro COMJIB, destacando el compromiso de España con la justicia y la cooperación internacional. Foto cedida

El II Encuentro de COMJIB centra en la tecnología el futuro más inmediato de la cooperación internacional de Justicia

21 / 09 / 2024 05:35

Actualizado el 21 / 09 / 2024 09:04

Entre el 16 y el 20 de septiembre, Guía de Isora, en Tenerife, se convirtió en el escenario de un evento sin precedentes en el ámbito de la justicia internacional. El II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP), junto con otras jornadas y reuniones de alto nivel, reunió a más de 200 juristas y representantes de 30 países. Estos encuentros buscaron avanzar en la cooperación judicial y en la modernización de los sistemas de justicia para enfrentar desafíos globales.

El rey Felipe VI inauguró el evento, destacando el compromiso de España con la justicia y la cooperación internacional. En su discurso, subrayó la urgencia de fortalecer la colaboración entre las instituciones de justicia de los países participantes, en un mundo donde la delincuencia transfronteriza crece y las herramientas tecnológicas juegan un papel clave. “La justicia del día a día”, afirmó el monarca, “debe presidir las relaciones humanas y ser accesible para todos”.

El Rey resaltó los logros de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), que celebra su 20º aniversario y cuya plataforma tecnológica Iber@ permite la comunicación en tiempo real entre los operadores jurídicos de 22 países. También destacó el proyecto Iberfides, que facilita la circulación segura de documentos notariales entre diferentes países, señalando que ya está en funcionamiento en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe, y España.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, hizo hincapié en los retos que plantea la criminalidad transnacional. «Ningún país puede abordar este problema por sí solo. Es necesario un esfuerzo coordinado y conjunto», declaró. Bolaños instó a consolidar una justicia accesible, digital y con mecanismos internacionales ágiles, recordando que «la cooperación no es solo intercambio de información, es también compromiso entre países».

Durante el evento, Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, reiteró la necesidad de estar un paso por delante en la lucha contra los delitos transnacionales, abogando por la implementación de mecanismos de cooperación judicial más eficientes. La presidenta de la CMJPLOP, Ilza Amado Vaz, subrayó los desafíos que impone la globalización y cómo las respuestas coordinadas entre los sistemas judiciales son esenciales para la seguridad civil y penal.

La tecnología, el foco de atención en la COMJIB

El evento fue también una oportunidad para discutir los avances tecnológicos en la justicia, como destacó José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, quien habló sobre el impacto de plataformas como Iber@ e Iberfides en la circulación de documentos notariales. Martínez Sanchiz recordó que los notarios no solo aportan seguridad jurídica, sino también tranquilidad para los ciudadanos, afirmando que “cada pacto autorizado en escritura pública es un reconocimiento a la dignidad del otro”.

El impacto de las tecnologías en la modernización de la justicia fue otro tema clave. José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, subrayó el papel del notario como piedra angular de la seguridad jurídica preventiva, destacando la reciente Ley 11/2023, que regula el protocolo electrónico y los otorgamientos a distancia. Además, presentó las impresionantes cifras del Centro Tecnológico del Notariado: más de 1.200.000 comunicaciones electrónicas con ayuntamientos, 4.200.000 documentos enviados a la Agencia Tributaria, y más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles, todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia y seguridad jurídica.

La clausura del evento incluyó la firma de la Declaración de las Islas Canarias por parte de ministros de justicia de 16 países, un documento que refleja el compromiso con la cooperación jurídica internacional y el fortalecimiento del sistema judicial en la región iberoamericana y lusófona.

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