En un contexto donde los delitos de naturaleza económica y corporativos aumentan significativamente en España, el exmagistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacinoal, Joaquín Gadea Francés, aboga por la creación de tribunales especializados en derecho penal económico.
En una reciente columna publicada por la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenece, en su blog «EN_JUSTICIA», Gadea argumenta que la complejidad y sofisticación de estos delitos requieren un enfoque judicial especializado y más eficiente.
Sus opiniones son una consecuencia de los tres años años y medio que ha pasado en la Audiencia Nacional, en apoyo del magistrado Manuel García Castellón, donde ha intervenido en la investigación de importantes casos de corrupción, como las macrocausas ‘Tándem’ y ‘Púnica’.
La realidad de los delitos económicos, según Gadea
El magistrado Gadea expone que «el creciente incremento de los delitos de naturaleza económica y corporativos ante los tribunales españoles, su complejidad y las dificultades propias de la investigación y enjuiciamiento de estas causas, evidencian la necesidad de crear en España juzgados con competencia específica en materia de derecho penal económico».
Su experiencia en la Audiencia Nacional le ha permitido observar de primera mano las dificultades que enfrentan los jueces en estos casos, que a menudo requieren conocimientos técnicos específicos.
Comparativa internacional
Joaquín Gadea menciona que otros países ya han adoptado este enfoque con éxito. En Estados Unidos, varias ciudades importantes tienen divisiones especializadas en delitos económicos y financieros.
El Reino Unido cuenta con la Oficina de Fraudes Graves (SFO), una agencia independiente que investiga y procesa casos graves de fraude y corrupción.
Francia tiene el «Pôle Financier» en el Tribunal de Gran Instancia de París, y Alemania dispone de secciones especializadas en sus tribunales regionales.
Italia, por su parte, cuenta con los «Tribunale delle Imprese» para manejar casos de derecho corporativo y delitos económicos.
Ventajas de la especialización
Gadea detalla las tres ventajas principales de establecer tribunales especializados en España:
1.- Complejidad de la Delincuencia Económica: Los delitos económicos requieren un profundo análisis de operaciones financieras y estructuras empresariales complejas. «Estos casos precisan, no solo un conocimiento profundo del derecho penal, sino también ciertas nociones de economía y derecho financiero», explica Gadea.
La formación específica en estos delitos permitiría a jueces y fiscales estar mejor preparados para enfrentar la sofisticación de los delincuentes económicos.
2.- Eficiencia Procesal: Concentrar los casos económicos en juzgados específicos aumentaría la eficiencia procesal y aliviaría la carga de los juzgados ordinarios. Esto podría reducir los tiempos de resolución y permitir que el sistema judicial maneje un mayor volumen de casos.
3.- Cooperación Internacional: Los delitos económicos a menudo requieren cooperación internacional y el uso de instrumentos específicos, como la documentación bancaria y el bloqueo de cuentas. La especialización facilitaría la colaboración judicial y el intercambio de información con autoridades internacionales.
Protección de intereses colectivos
Gadea destaca en su columna que estos tribunales especializados también serían cruciales para la protección de los intereses colectivos.
Los delitos económicos no solo afectan bienes jurídicos individuales, sino también la competencia y la libertad de empresa y mercado. «Los juzgados especializados en derecho penal económico estarían mejor equipados para abordar los delitos que afectan a la economía nacional y global», sostiene.
En su columna, el magistrado Joaquín Gadea Francés concluye que la creación de juzgados con competencia en materia de derecho penal económico en España es una necesidad urgente para enfrentar la creciente y compleja criminalidad económica.
«Contamos con los mejores profesionales para ello, jueces y fiscales formados y preparados. Es hora de que avancemos hacia un sistema judicial preparado para enfrentar los desafíos de la delincuencia económica más compleja», afirma Gadea.
La propuesta del magistrado entraña, de hecho, un llamamiento a la modernización del sistema judicial español, alineándose con las prácticas internacionales más efectivas y respondiendo a la sofisticación creciente de la criminalidad económica en el mundo globalizado de hoy.
