El Consejo Fiscal ha aprobado hoy la compatibilidad de Dolores Delgado para el cargo de Fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. No obstante, dicha decisión ha estado muy dividida.
Por lo que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá la ratificación de su nombramiento para este cargo. Y es que, hay que recordar tal nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo a principios de mayo al ser recurrido por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal solicitante de la plaza Luis Ibáñez.
Los tres recursos reclamaban a la Sala de lo Contencioso que declarase la nulidad de este nombramiento y retrotrajera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado. Y esto es lo que ha ocurrido hoy. Dicha compatibilidad ha sido avalada por cinco votos, mientras que siete vocales se han abstenido.
De ellos, seis son de AF (Jorge Andújar Hernández, María Isabel Gómez López, Eva María Más Curia, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras, Roberto Valverde Megías) y uno de APIF (Salvador Viada).
Entendían que el expediente estaba incompleto, por lo que han decidido no intervenir en la votación de compatibilidad al carecer de información, documentación y medios necesarios para hacer una valoración motivada, según han informado a Confilegal.
Según han explicado desde el Ministerio Fiscal, la reunión se ha celebrado «en estricta ejecución de las sentencias de 21, 22 de mayo y 4 de junio del Tribunal Supremo» que ordenó retrotraer las actuaciones al Consejo Fiscal.
Solicitaron más documentación
Estos vocales solicitaron la suspensión de la reunión y la aportación de más documentos relacionados con la posible incompatibilidad para la plaza con el ejercicio profesional de su marido, el exjuez Baltasar Garzón.
Desde AF han explicado en un comunicado que, antes del Pleno, habían tenido conocimiento de que Delgado había pedido la recusación de dos vocales de AF y el de APIF. Por lo que el 19 de julio, como no les habían mandado la documentación de los incidentes relativos a estas peticiones, la solicitaron formalmente para poder estudiarla.
Pero, según explican, a pesar de no haber recibido tal información, el FGE «comenzó el Pleno evitando resolver las peticiones de recusación sin entrar al fondo del asunto ni resolver sobre los aspectos procesales suscitados, entendiendo necesario retrotraerse directamente a la composición del Pleno del 8 de junio de 2023».
«El Pleno ha sido concebido y se ha desarrollado como la cobertura de un formal cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, carente de rigor jurídico y sin otra finalidad o resultado posible que la reiteración por el FGE de la proposición de Delgado como como Fiscal de Sala», han concluido desde AF.
