El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que España debe pagar a Bruselas 7 millones de euros «de momento», en concepto de sanción por no cumplir con el plazo para hacer retribuibles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos, que vencía este viernes 2 de agosto.
«Realmente estamos ante un incumplimiento de nuestras obligaciones con Europa y claro que estamos siendo emplazados y apercibidos por la Comisión Europea básicamente en un montante que roza los 7 millones de euros de momento y que obviamente se irán agravando en la medida en que ese incumplimiento se esté sosteniendo en el tiempo», ha admitido Pérez Rey este viernes, en la rueda de prensa para analizar los datos del paro.
El 13 de junio de 2019, el Consejo adoptó la citada Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y los Estados miembros disponían de tres años para adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esa Directiva, hasta el 2 de agosto de 2022.
La directiva de conciliación, una prioridad pendiente
En todo caso, el secretario de Estado de Trabajo ha asegurado que para el Ejecutivo es una «prioridad» y que, por tanto, transpondrán esta directiva bien en la ley de presupuestos, bien «en la primera norma que sea posible».
«Yo creo que el compromiso político, el compromiso con las obligaciones europeas que ahora estamos flagrantemente incumpliendo hacen que tengamos que dar una respuesta inmediata».
«El Ministerio desde luego no cejará en su empeño de, en el molde presupuestario o en la primera norma que sea posible, exigir la transposición de esta directiva con la que estamos plenamente comprometidos», ha insistido.
Cumplimiento de lo exigido por Europa
Según ha precisado, no se trata solo de «dar cumplimiento estricto a lo que pide Europa» y evitar la sanción en la que está incurriendo el Estado sino, «sobre todo, un compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos» que «tienen derecho a tener permisos retribuidos de conciliación que les permita una cosa tan básica como poder atender las necesidades familiares» y «sin necesidad de huir del trabajo».
