Opinión | La asistencia jurídica en Barajas: una cuestión de dignidad y derechos humanos

En los últimos meses, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha recibido numerosos testimonios de nuestros colegiados que exponen una situación alarmante y recurrente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo.

Lo que debería ser un proceso guiado por principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo, de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante, tanto para los abogados como para los propios solicitantes de asilo.

Nuestros profesionales se encuentran, de forma sistemática, con un escenario que evidencia graves carencias estructurales: la falta de intérpretes cualificados, la sobrecarga del personal de extranjería y policía, y la ausencia de los recursos más básicos para realizar su trabajo. En demasiadas ocasiones, se ven obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes a través de intérpretes remotos, y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario.

Ausencia de todo

Además, la carencia de formularios y la falta de coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso de asilo añaden un nivel de dificultad que pone en riesgo no solo la eficacia del servicio, sino también los derechos fundamentales de las personas que buscan protección internacional.

Estas deficiencias, que ya no pueden considerarse casos aislados, están afectando de manera grave la capacidad de los abogados para realizar su labor con la profesionalidad que se les exige y que ellos mismos aspiran a ofrecer.

Pero más allá de los obstáculos prácticos, el verdadero problema radica en que se está comprometiendo la dignidad y los derechos de los solicitantes de asilo, quienes llegan a nuestro país en busca de protección y encuentran un sistema que, en muchos casos, les deja desamparados.

Es inaceptable que quienes ejercen la abogacía en nombre del Estado, en defensa de los más vulnerables, se enfrenten a tales condiciones.

Soluciones

Es imprescindible que se implementen soluciones urgentes que garanticen: en primer lugar, recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y extranjería, incluyendo intérpretes capacitados y formularios adecuados para los trámites; en segundo lugar, espacios de trabajo dignos para los abogados de guardia, que les permitan llevar a cabo su labor en condiciones que respeten tanto su dignidad profesional como la de los solicitantes de asilo; asimismo, se debe garantizar una coordinación efectiva entre las distintas entidades involucradas en el proceso de asilo, para evitar la duplicación de esfuerzos y la pérdida de tiempo valioso en situaciones de extrema urgencia.

Junto a ello, no nos cansaremos de reclamar condiciones económicas justas que reconozcan la dedicación y el sacrificio de los abogados que participan en estas guardias, asegurando que no tengan que asumir gastos adicionales, como el parking o la comida, de su propio bolsillo.

Como Diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, considero que es nuestra responsabilidad denunciar estas injusticias y exigir las medidas necesarias para corregirlas.

Los profesionales de la abogacía que participan en el sistema de asistencia jurídica gratuita lo hacen con una entrega y profesionalidad que merecen ser respetadas y apoyadas.

Pero, sobre todo, es fundamental que el sistema de asilo en España funcione con la eficacia y el respeto que tanto los profesionales como los justiciables merecen. No podemos permitir que la dignidad y los derechos humanos se vea comprometida por la inacción.

Es hora de que el Ministerio del Interior tome las medidas necesarias para asegurar que esta situación no se repita y así se lo hemos transmitido por escrito al ministro. Los abogados estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero es necesario que se actúe con urgencia y determinación.