“Algo no encaja”. Con esa idea de fondo —aunque formulada con ironía— Juan Manuel Mayllo, diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y responsable de su turno de oficio, abrió una de las intervenciones más incisivas de las jornadas procesales organizadas por PROLAJ bajo el título «Tribunales de Instancia: el nuevo modelo de Justicia», que tuvieron lugar el pasado miércoles en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Tras escuchar el discurso institucional sobre los tribunales de instancia y los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), el letrado no dudó en cuestionar abiertamente la distancia entre el relato oficial y la realidad de los juzgados.
“Pensaba que debía estar equivocándome cada mañana cuando voy a trabajar, porque lo que yo veo no se parece en nada a lo que aquí se ha descrito”, afirmó, en una crítica directa a la visión optimista trasladada por responsables políticos.
Lejos de los planteamientos teóricos, Mayllo situó el foco en los problemas prácticos que, a su juicio, están marcando la implantación de la reforma: desorganización, falta de medios, disfunciones tecnológicas y una sobrecarga estructural que no solo no se ha resuelto, sino que podría estar agravándose.
La “cultura del acuerdo”: entre el ideal y la imposición
Uno de los ejes de su intervención fue la crítica a la generalización de los MASC. Mayllo advirtió del riesgo de convertir la “cultura del acuerdo” en una obligación encubierta: “Para que haya acuerdo tiene que existir voluntariedad de ambas partes. Cuando se impone, deja de ser un acuerdo”.
A su juicio, la inclusión indiscriminada de procedimientos como susceptibles de solución extrajudicial puede resultar “peligrosa”, especialmente si no se atiende a la naturaleza de los conflictos.
Además, cuestionó las cifras que apuntan a una reducción de litigiosidad.
Según explicó, el descenso responde a factores coyunturales: el aluvión de demandas previo a la entrada en vigor de los MASC y los plazos que retrasan la interposición de nuevas demandas. “Las cifras actuales no reflejan eficacia, sino un retraso en la tramitación”, afirmó.
Colapso estructural y retrasos crónicos
Mayllo insistió en que el problema de fondo sigue siendo el colapso judicial. Como ejemplo, citó la jurisdicción social, donde la conciliación previa es obligatoria desde hace años sin haber evitado retrasos extremos: “Hay señalamientos fijados para 2027 o 2028 en procedimientos presentados en 2025. Eso es inasumible”.
También aportó ejemplos concretos de su experiencia profesional, como procedimientos iniciados en 2025 sobre los que aún no existe ningún avance procesal, evidenciando la paralización de facto de muchos juzgados.
Desorganización tras la implantación de los tribunales de instancia
Uno de los aspectos más críticos de su intervención fue la descripción del caos organizativo derivado de la reforma. Mayllo relató situaciones que calificó de “auténtica yincana” para profesionales y ciudadanos: cambios de denominación y ubicación de juzgados sin información clara, expedientes redistribuidos sin trazabilidad, señalización improvisada en sedes judiciales y procedimientos cuyo paradero resulta incierto
En algunos partidos judiciales, explicó, los profesionales deben “adivinar” a qué órgano dirigir sus escritos, con el consiguiente riesgo de rechazo.
Problemas tecnológicos: LexNET y expediente digital incompleto
La transición tampoco ha sido fluida en el plano tecnológico. Mayllo denunció disfunciones en el sistema LexNET, especialmente en juzgados transformados desde órganos mixtos, donde conviven buzones antiguos y nuevos.
A ello se suma una implantación incompleta del expediente judicial electrónico. Aunque existen juzgados que han avanzado en digitalización, la situación general dista de ser homogénea: falta de acceso completo a documentos y grabaciones, necesidad de desplazamientos físicos para consultar actuaciones y dependencia de la consolidación manual por parte del LAJ
“Sin una digitalización real, seguimos anclados en dinámicas ineficientes”, apuntó.
Falta de medios y redistribución de personal
Otro de los puntos clave fue la crítica a la creación de nuevos órganos sin dotación suficiente. Según explicó, la apertura de nuevos juzgados —especialmente en violencia sobre la mujer— se ha realizado detrayendo funcionarios de otros ya saturados: “No se han creado recursos, se han redistribuido, debilitando estructuras ya sobrecargadas”.
También denunció situaciones de descoordinación interna, con funcionarios que desconocen sus funciones y órganos sin personal completo, como en el caso de algunas secciones especializadas recientemente creadas.
Mayllo puso en duda que la reforma haya logrado una verdadera especialización judicial. Relató incluso episodios de conflicto interno, como la negativa de un magistrado especializado en violencia a asumir procedimientos civiles, evidenciando tensiones en la redefinición competencial.
Una reforma prematura
Como conclusión, el ponente reconoció que la ley aún se encuentra en una fase temprana y podría merecer un margen de confianza. Sin embargo, advirtió de que ya ha generado nuevos problemas que agravan los existentes.
Para Mayllo, la clave no reside únicamente en el diseño normativo, sino en su implementación: “Antes de una reforma de este calado, hay que dotar de medios y planificar adecuadamente. El papel lo soporta todo, pero la realidad no”.
Finalmente, insistió en que la verdadera modernización de la justicia pasa por una digitalización efectiva y una planificación adaptada a la carga real de trabajo, especialmente en grandes plazas como Madrid, donde el volumen de asuntos multiplica exponencialmente la complejidad del sistema.
