El consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el desistimiento de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% de Talgo, tras el veto del Gobierno.
El supervisor apoya la decisión en el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
Los húngaros consideran que esta decisión del Ejecutivo «carece de la más mínima motivación y le produce la más absoluta indefensión», por lo que presentará ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros.
Además, Magyar Vagon no descarta presentar otra oferta para adquirir el 100% de la empresa española, en función de la evolución de las circunstancias.
Distintas vías judiciales de Ganz-Mavag
En respuesta al veto impuesto, el consorcio húngaro dirigido por el empresario András Lombor podría optar por diversas estrategias legales para contrarrestar la decisión del Ejecutivo español.
Una de las medidas que el grupo podría adoptar incluye la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo español.
El argumento central sería la desproporción de la medida y la insuficiente justificación proporcionada por el gobierno para rechazar la oferta pública de adquisición (OPA).
Además, el grupo tiene la opción de llevar su caso al ámbito europeo. Una posible acción sería presentar una queja formal ante la Comisión Europea, sosteniendo que el veto viola las regulaciones establecidas por la Unión Europea respecto a la libre circulación de capital y las inversiones entre los Estados miembros.
Otra vía podría ser la solicitud de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta medida buscaría una clarificación sobre la interpretación del derecho comunitario en lo concerniente al concepto de seguridad nacional y su relevancia en este caso específico.
Paralelamente, la legislación española ofrece al grupo la posibilidad de interponer un recurso de reposición directamente ante el órgano que ha emitido el veto, es decir, el Consejo de Ministros.
Este recurso permitiría al consorcio solicitar una revisión de la decisión, proporcionando una oportunidad para que el gobierno reconsidere su posición inicial.
