El presidente mexicano pretende dar la vuelta como un calcetín al poder judicial federal de su país, haciendo que los jueces y magistrados sean elegidos por voto secreto y directo por los ciudadanos. Foto: EP.
El presidente de México proyecta una reforma judicial que sería el sueño de Podemos: los jueces elegidos por el pueblo
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31/8/2024 00:45
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Actualizado: 02/9/2024 12:00
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Andrés Manuel López Obrador, conocido por AMLO, presidente de México, plantea con su reforma legislativa despedir a los 1.600 jueces y magistrados federales y a los 11 ministros (magistrados) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo número va a reducir a 9.
Sus sustitutos serían elegidos por voto popular, secreto y directo en junio de 2025.
Una idea que Podemos ha formulado repetidas veces en España desde su nacimiento.
El proyecto de ley es parte de un paquete más amplio de reformas que se enmarca dentro de su agenda de la «Cuarta Transformación» de México. Su sucesora en la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, apoyó la propuesta y la utilizó como uno de sus principales argumentos durante la campaña electoral en la que salió victoriosa.
Los cambios también contemplan la desaparición del actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de autogobierno de los jueces –sería el equivalente al Consejo General del Poder Judicial español, con ciertos matices–.
En su lugar, se crearían dos nuevos órganos: un Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa del Poder Judicial, y un Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales.
El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por 5 miembros designados por el presidente, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial estaría compuesto por cinco miembros elegidos por voto popular, con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El CJF está actualmente compuesto por 7 miembros: el presidente de la SCJN, tres consejeros designados por la SCJN, dos consejeros designados por el Senado y un consejero designado por el presidente de la República. Esta estructura asegura una representación interna del Poder Judicial junto con una participación limitada del poder legislativo y ejecutivo.
López Obrador, que cumple su mandato el 1 de octubre, no ha incluido en su proyecto a los poderes judiciales de los 32 estados federales de México –uno de ellos es México D.F.–, que operan de forma autónoma e independiente al gobierno federal.
Los 4.000 jueces estatales no se verían afectados por este cambio, en principio.
HASTA AHORA LOS JUECES FEDERALES SON ELEGIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL TRAS PASAR UNOS EXÁMENES
En la actualidad los jueces y magistrados federales mexicanos son elegidos a través de procesos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. El proceso de selección varía dependiendo de si se trata de jueces de distrito, magistrados de circuito, o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los jueces y magistrados de circuito, que forman parte de los tribunales de apelación, deben aprobar exámenes escritos y orales que evalúan sus conocimientos y habilidades jurídicas.
Además, deben cumplir con requisitos como ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener un título en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y no tener antecedentes penales.
La reforma ha generado preocupaciones en el ámbito económico y de derechos humanos. La incertidumbre sobre los cambios propuestos podría afectar la confianza de los inversores en la estabilidad jurídica de México –lo que ya se ha apuntado desde EE.UU.–.
Los jueces y magistrados de distrito elegidos por el sistema AMLO, caso de materializarse, deberán ser licenciados en derecho y no haber sido funcionarios federales. Podrán hacer campaña, tendrán acceso a los medios de comunicación para presentar sus candidaturas y participarán en debates.
Las elecciones serán organizadas y fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral, que enviará los resultados al Senado y este, a su vez, al Tribunal Electoral para resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar su validez.
LOS MIEMBROS DE LA SUPREMA CORTE PASARÍAN DE UN SISTEMA COPIADO A ESTADOS UNIDOS A OTRO ESTILO «PODEMITA»
La elección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, sería diferente a la de los jueces federales. En el sistema que ha venido operando hasta ahora la propuesta corresponde al presidente de la República. El candidato es examinado por el Senado, que finalmente vota. Para ser elegido tiene que obtener 2/3 de los votos de los senadores.
En la nueva fórmula AMLO, el Ejecutivo propondría 10 aspirantes, la Suprema Corte otros 10 (previa aprobación de 6 integrantes del pleno) y el Congreso otros 10; 5 por la Cámara de Diputados y 5 por el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos tercios en cada Cámara).
Los candidatos serían sometidos a un proceso de votación popular –mediante voto secreto y directo–. Los 9 que obtuvieran más votos serían los nuevos magistrados de la SCJN. Servirían por períodos de 8, 12 y 14 años, según la cantidad de votos obtenidos.
A los magistrados salientes de la SCJN no se les pagaría el llamado «haber por retiro», una prestación que incluye pensión vitalicia, asistentes pagados por la Corte, aguinaldo, seguro de vida, seguro médico para el juez y su cónyuge, prima vacacional y un bono por riesgo.
IMPACTO NEGATIVO EN LA INDEPENDENCIA DEL PODER PODER JUDICIAL
El proyecto de reforma judicial propuesto por AMLO ha sido criticado principalmente por su posible impacto negativo en la independencia del Poder Judicial y los contrapesos democráticos en México.
Los detractores argumentan que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular y la influencia del Ejecutivo y Legislativo en su nombramiento podrían politizar el sistema judicial, comprometiendo su imparcialidad y autonomía.
Esta politización podría llevar a una concentración de poder en manos del partido gobernante, en este caso el Morena, debilitando los mecanismos de supervisión y equilibrio necesarios para una democracia sana.
Además, la reforma ha generado preocupaciones en el ámbito económico y de derechos humanos. La incertidumbre sobre los cambios propuestos podría afectar la confianza de los inversores en la estabilidad jurídica de México –lo que ya se ha apuntado desde EE.UU.– mientras que las modificaciones en la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones podrían limitar la protección de los derechos fundamentales.
También se ha criticado el proceso legislativo por ser apresurado y por no permitir un debate público amplio e inclusivo, lo cual es crucial dada la magnitud de las implicaciones de la reforma.
Para que el proyecto de reforma judicial de AMLO sea aprobado por el Legislativo en México, el procedimiento es muy parecido al español. Se debate en comisión, luego pasa al pleno de la Cámara Baja. Si es aprobado, es enviado al Senado, donde se somete a los mismos pasos.
Para que la reforma sea aprobada, necesita una mayoría cualificada de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara.Esto significa que, además del apoyo de los legisladores de Morena, el partido de AMLO y de Sheinbaum, y sus aliados, es necesario obtener votos adicionales de los partidos de oposición, lo que requiere negociaciones y consenso político. Ese es el quid de la cuestión para que el proyecto de AMLO se materialice finalmente.
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