En México, la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido aprobada este miércoles en lo general por el Senado, tras una sesión marcada por la tensión y una irrupción de manifestantes.
La iniciativa, que propone, entre otras muchas cosas, la polémica elección de los jueces, incluyendo miembros de la Suprema Corte y otros tribunales, recibió 86 votos a favor frente a 41 en contra de la oposición.
Aunque la Cámara de Diputados ya había dado su aprobación la semana pasada, el Senado deberá aún debatir cada uno de los 60 artículos de la reforma antes de su promulgación final por el presidente de México, López Obrador.
Los 4.000 jueces estatales no se verían afectados por este cambio, en principio.
El polémico proyecto de reforma judicial en México ha provocado controversia pública, incertidumbre en los mercados y preocupación entre socios internacionales como Estados Unidos.
Elección popular de jueces
La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.
Cambios en la Suprema Corte
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.
La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales, cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte sólo sesionaría en pleno.
Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.
Desaparición del actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
Los cambios también contemplan la desaparición del actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de autogobierno de los jueces –sería el equivalente al Consejo General del Poder Judicial español, con ciertos matices–.
En su lugar, se crearían dos nuevos órganos: un Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa del Poder Judicial, y un Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales.
El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por 5 miembros designados por el presidente.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial estaría compuesto por cinco miembros elegidos por voto popular, con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
Este último órgano, podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
«Jueces sin rostro»
La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de «jueces sin rostro», figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.
Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica.
Estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.
Críticas internacionales y apoyo de la presidenta electa
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que asumirá el gobierno el próximo 1 de octubre, apoya la propuesta, mientras que críticos como el embajador estadounidense, Ken Salazar, y agencias calificadoras expresan inquietudes sobre las implicaciones para la democracia, la seguridad jurídica y la economía.
