De izquierda a derecha: Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, Eugenio Ribón, decano del ICAM y María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional. FOTO: Confilegal
El ICAM presenta una propuesta «histórica» para dar solución a las prestaciones de jubilación de los mutualistas
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10/9/2024 14:38
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Actualizado: 10/9/2024 16:49
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Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha lanzado una «propuesta normativa considerada histórica» para asegurar una jubilación digna y justa para los más de 54.800 abogados mutualistas alternativos en España y en la que se hace un llamamiento al diálogo institucional.
La iniciativa, elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, propone la creación de una «pasarela voluntaria» al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), abordando las situaciones complejas de numerosos abogados en el país.
Igualmente, se plantean dos opciones de conversión de las cotizaciones: una conversión cuantitativa del capital cotizado o una conversión conceptual, en la que los años cotizados a la Mutualidad se conozcan como años cotizados al RETA. Esta última, «de 1×1, es la opción defendida por el ICAM», según ha indicado el decano.
Además, se propone también establecer condiciones diferenciadas. En este sentido, se establecerán tres grupos de mutualistas, con condiciones específicas para cada uno en función de su edad y los años cotizados.
Para aquellos mayores de 49 años, que no han cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se contemplan condiciones más flexibles para alcanzar este periodo.
Como ha expresado el decano, aquí «estaríamos hablando de las famosas lagunas de cotización que ya se prevén, por ejemplo, en el artículo 322 de la Ley General de la Seguridad Social para el caso de los trabajadores autónomos, pero que no se han contemplado en el caso de los mutualistas y, por lo tanto, por pura analogía, deberían contemplarse».
Todos los mutualistas alternativos que se acogiesen a la pasarela legal al RETA, con independencia de su edad y cotización, deberían tener derecho al reconocimiento de la “garantía de mantenimiento de la base mínima de cotización a efectos de pensiones para los trabajadores autónomos con menores ingresos” del Real Decreto-ley 13/2022.
La propuesta, «no solo busca responder a una necesidad inmediata, sino que también pretende ser una solución equitativa para todos los mutualistas, a través de un mecanismo que garantice beneficios de jubilación justos para aquellos abogados que han optado por la Mutualidad como su forma de previsión social», subrayó Ribón.
Y, en este sentido, subrayó que «Son propuestas que están sostenidas sobre la base de nuestros principios constitucionales«. Es más, «son propuestas absolutamente realistas y que permiten al legislador diferentes opciones de carácter o de política legislativa para dar una solución eficaz a un conflicto que no admite demoras y que debe ser abordado de acuerdo con ese necesario consenso de modo inmediato».
Existen 65.042 abogados que optan por el sistema alternativo de Mutualidad
Según ha indicado el decano, este texto busca instaurar un marco jurídico robusto que pueda sostener las reivindicaciones legítimas de los abogados mutualistas. «Nuestra propuesta establece una pasarela voluntaria hacia el RETA que no solo es justa sino también necesaria para garantizar una transición equitativa».
Se trata de un sistema que permitiría a los mutualistas alternativos transferir sus cotizaciones a la Seguridad Social, asegurando así beneficios de jubilación adecuados.
Ribón, citando datos proporcionados por la Mutualidad al 28 de agosto de 2023, existen 65.042 abogados que optan por el sistema alternativo de Mutualidad, lo que representa aproximadamente el 2% del total de 209.168 abogados registrados.
«De estos 65.042 abogados que eligen la Mutualidad como alternativa, una gran mayoría, específicamente 54.827, no cuentan con planes de ahorro complementarios. Este detalle es crucial, pues destaca la vulnerabilidad de un significativo segmento de la abogacía frente a futuras necesidades de jubilación y otras contingencias financieras».
Un conflicto multifacético que afecta a más del 26% de los mutualistas
La situación actual, según el informe, presenta un conflicto multifacético que afecta a más del 26% de los mutualistas. Estos abogados cotizan a un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes, lo que genera desigualdades en las prestaciones en comparación con las ofrecidas por el RETA.
Además, según el ICAM, no existe un marco legal que permita la transferencia de cotizaciones entre la Mutualidad y el RETA, lo que limita las opciones de los mutualistas para mejorar sus pensiones.
«Nos encontramos ante una coexistencia de diversas situaciones jurídicas y económicas. Muchos mutualistas reciben pensiones inferiores a los 500 euros mensuales, lo que es incompatible con una jubilación digna, vulnerando el artículo 50 de la Constitución Española, que asegura una cobertura económica suficiente», ha explicado el decano.
Otro reto identificado es la falta de información, lo que ha generado incertidumbre en la planificación de la jubilación para muchos mutualistas.
El informe de la catedrática Casas pretende dar solución a este complicado escenario en el que además se busca que la propuesta «que se articule asegure la sostenibilidad de la Seguridad Social y al mismo tiempo salvaguardar el equilibrio financiero y la solvencia de la Mutualidad de la Abogacía y los derechos de los mutualistas», según ha destacado el decano.
En busca de un amplio consenso
El informe se pondrá a disposición de los colegiados madrileños y se trasladará al resto de colegios de abogados de España.
Desde el ICAM hacen además una llamada al Gobierno y a los grupos parlamentarios, para lograr « un consenso político y social amplio para llevar a cabo estas reformas» ya que considera que «es tiempo de actuar y tiempo de legislar».
En este sentido, el decano informó que ya se han iniciado conversaciones con diversos actores políticos y sociales para asegurar que la legislación necesaria se desarrolle de manera urgente y efectiva.
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