El término municipal de Olivenza está situado al este del río Guadiana, a 24 km al sur de Badajoz, España. Foto: Jesús C. Castillo.
La reclamación portuguesa sobre Olivenza: un conflicto histórico sin resolver
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17/9/2024 05:36
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Actualizado: 17/9/2024 00:58
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La disputa sobre la soberanía de Olivenza, una pequeña ciudad en la frontera entre España y Portugal, ha perdurado más de dos siglos. A pesar de los acuerdos y tratados que han definido las fronteras entre estos dos países, el caso de Olivenza sigue siendo un punto de fricción en sus relaciones diplomáticas.
Aunque España considera la cuestión cerrada, Portugal continúa reivindicando la devolución del territorio, argumentando que la cesión fue ilegítima y que, de iure, Olivenza sigue siendo parte de su soberanía.
La última autoridad portuguesa en reclamar la devolución de Olivenza ha sido el ministro de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Melo. El pasado viernes demandó a España públicamente la restitución de Olivenza, localidad en la frontera entre ambos países, a la soberanía portuguesa.
Subrayó que es un municipio portugués «por tratado» y entendió que es un derecho «justo» exigir esta reclamación.
«Olivenza es portuguesa, naturalmente, y no es ninguna provocación», declaró a los medios lusitanos desde Estremoz, en el distrito de Évora. Después matizó que no sus declaraciones no vinculaban al gobierno del que formaba parte, que eran opiniones personales suyas.
Una reivindicación que se vio contestada por el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, María Guardiola, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana y la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura.
Todos ellos se han expresado en el mismo sentido: Olivenza es española.
Sin embargo, la polémica seguirá latente y por mucho tiempo. Porque sus raíces son jurídicas. Lo explicó muy bien el doctor Carlos R. Fernández Liesa, catedrático de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad Carlos III, de Madrid, en el número 4 de «Encuentros» –revista luso-española de investigaciones de Ciencias Humanas y Sociales–, dedicada a Olivenza y publicada en 2004.
El origen de la controversia
La controversia, explica, se remonta a 1801, en el contexto de la Guerra de las Naranjas, un breve conflicto en el que España, aliada con Francia, derrotó a Portugal y forzó la firma del Tratado de Badajoz.
Este tratado estipulaba la cesión de Olivenza a España. Desde entonces nuestro país ha mantenido control sobre ese territorio.
Sin embargo, Portugal nunca ha aceptado esta cesión como definitiva, argumentando que fue impuesta bajo coacción militar, lo que la convierte en nula según los principios del Derecho Internacional de la época.
En las décadas siguientes, la cuestión de Olivenza se mantuvo latente, hasta que en 1815, tras la derrota de Napoleón, las potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena para reorganizar las fronteras y estabilizar Europa.
En este contexto, Portugal aprovechó para reavivar su reclamación sobre Olivenza. El artículo 105 del Acta Final del Congreso de Viena reconoció la «justicia» de la reclamación portuguesa y urgía a las potencias firmantes, incluida España, a hacer «los esfuerzos más eficaces» para restituir el territorio a Portugal.
A pesar de este reconocimiento, la devolución de Olivenza nunca se materializó, y el conflicto ha permanecido sin resolver desde entonces.
Los títulos jurídicos en conflicto
El eje de la controversia radica en la validez de los títulos jurídicos que ambos países invocan para sustentar sus reclamaciones sobre Olivenza.
España defiende la legitimidad del Tratado de Badajoz de 1801, que cedió Olivenza a España de manera definitiva.
Según la postura española, el tratado fue un acuerdo válido en su momento, conforme a las reglas del Derecho Internacional de la época, y ha sido respaldado por más de dos siglos de ejercicio efectivo de soberanía sobre el territorio.
Para España, el hecho de que haya administrado Olivenza de manera ininterrumpida desde 1801 refuerza su derecho a la soberanía, y no existe ningún fundamento legal que obligue a su devolución.
Portugal, por su parte, rechaza la legitimidad del Tratado de Badajoz, argumentando que fue firmado bajo coerción, lo que lo hace nulo en virtud de los principios del derecho internacional.
Además, se apoya en el artículo 105 del Acta Final del Congreso de Viena de 1815, en el que las potencias reconocieron la legitimidad de su reclamación y se comprometieron a hacer esfuerzos para la devolución de Olivenza. Para Portugal, este artículo implica una obligación clara de retroceder el territorio.
Aunque Portugal no ha logrado forzar la devolución, sostiene que, de iure, Olivenza sigue siendo parte de su territorio.
La postura diplomática de ambos países
Desde la firma del Tratado de Badajoz, España ha mantenido la soberanía de facto sobre Olivenza, pero ha estado abierta a la negociación en diversas ocasiones.
En el contexto del Congreso de Viena, España aceptó discutir la cuestión, pero siempre con la premisa de que el Tratado de Badajoz era válido y la soberanía española estaba legitimada.
A lo largo de los siglos XIX y XX, España ha tratado la cuestión de Olivenza como un asunto cerrado, insistiendo en que la frontera está definida y que el tratado de 1801 fue legítimo.
Portugal, por otro lado, ha mantenido su postura a lo largo del tiempo, negándose a aceptar la soberanía española sobre Olivenza. Aunque no ha reclamado formalmente el territorio en tiempos recientes, ha seguido insistiendo en foros diplomáticos que, desde un punto de vista legal, Olivenza sigue siendo portuguesa.
En 1994, la construcción del Puente de Ajuda en el río Guadiana, en la frontera de Olivenza, reavivó la disputa cuando Portugal paralizó la obra alegando que implicaba un reconocimiento de facto de la soberanía española.
Posibles soluciones
A pesar de la longevidad del conflicto, existen varias soluciones pacíficas –según Fernández Liesa– que podrían poner fin a esta disputa territorial.
Una de las soluciones más viables sería la negociación bilateral entre ambos países para llegar a un acuerdo que contemple un régimen especial para Olivenza, que podría incluir una gestión conjunta del territorio o un reconocimiento mutuo de derechos históricos y culturales.
Este tipo de acuerdos de soberanía compartida han tenido éxito en otros conflictos territoriales.
Otra posible vía sería acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que resuelva el caso según los principios del Derecho Internacional.
Sin embargo, ambas partes tendrían que aceptar la jurisdicción de la corte, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Finalmente, una tercera opción sería dejar la cuestión en un estado de congelación, como ha sucedido hasta ahora, donde ambos países evitan reavivar la disputa de manera abierta, manteniendo un «statu quo» que, si bien no satisface a Portugal, ha evitado tensiones mayores.
En conclusión, la reclamación portuguesa sobre Olivenza sigue siendo un tema pendiente, aunque ha estado inactivo en la agenda diplomática en las últimas décadas. Sin una solución clara a la vista, la cuestión de Olivenza sigue siendo un recordatorio de cómo las disputas territoriales pueden persistir durante siglos.
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